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El gobernador de Florida (EE.UU.), Rick Scott, firmó este lunes una ley que ordena un fallo unánime del jurado para emitir sentencias de pena de muerte y con la que busca reanudar las ejecuciones en el estado.

Desde enero de 2016 la pena capital en Florida está en un limbo legal después de que el Supremo de EE.UU. considerara inconstitucional que solo una mayoría simple decidiera la pena de muerte de un preso.

Scott, quien no comentó sobre la nueva medida, firmó el proyecto de ley que había sido aprobado el viernes de una forma inusualmente expedita, en los primeros cuatro días del inicio de las sesiones del Legislativo de Florida.

Florida, junto con Alabama y Delaware, era uno de los pocos estados no requería un veredicto unánime del jurado para sentenciar con la pena de muerte.

El Alto Tribunal de Estados Unidos cuestionó en 2016 que los miembros del jurado en Florida solo desempeñan un papel consultivo en la recomendación de la pena de muerte, mientras que el juez puede adoptar una decisión diferente.

Desde entonces, dos muertes han sido aplazadas temporalmente, la de Michael Lambrix y Mark James Asay, condenados por asesinato, después de que su defensa argumentara una revisión de los casos a propósito de la decisión federal.

Lambrix y Asay tenían como fecha de ejecución el 11 de febrero y el 17 de marzo, respectivamente. En Florida el jurado solo puede recomendar la sentencia de muerte, no imponerla.

Desde 1976 se han ejecutado en Florida a 92 reos. Actualmente, unas 400 personas, 4 de ellas mujeres, esperan en el corredor de la muerte su ejecución mediante inyección letal.

En 2015, EE.UU. cerró su año con menos ejecuciones (28) desde 1991 y profundizó así un declive desde el pico de 98 ejecuciones alcanzado en 1999, de acuerdo con estadísticas oficiales.




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