El vicepresidente del país, Álvaro García Linera. (Cortesía)
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El Gobierno de Bolivia presentó hoy una ley que establece la creación de unidades de transparencia en todas las instituciones del Estado y que podrán paralizar preventivamente contrataciones a partir del millón de dólares en las que existan indicios de corrupción, entre otras facultades.

La norma fue presentada por el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en un acto en el Palacio de Gobierno de La Paz al que también asistió el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.

Mediante la ley, las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción tienen la posibilidad de “intervenir preventivamente” e incluso “paralizar” los procesos de contratación, explicó Arce.

La norma, además, establece la participación del Ministerio de Justicia en los procesos en los que existan grandes sumas superiores al millón de dólares y en los procesos en los que resulten denunciadas altas autoridades ejecutivas.

Los titulares de las unidades de transparencia serán designados bajo un sistema de “participación cruzada” en el que también participarán el presidente Evo Morales y García Linera para trabajar desde todos los niveles de gobierno, indicó el ministro.

La autoridad detalló que la norma establece requisitos para la creación de estas unidades que, además, poseen procedimientos y personal adecuado para acompañar desde la denuncia “más pequeña hasta la más grande”, que difieren de los mecanismos existentes.

El vicepresidente enfatizó, por su parte, que los nombramientos de los directores de estas unidades no estarán a cargo de las máximas autoridades de las entidades donde se crearán las mismas.

“Que sepa cualquier compañero que esté en el país: nadie puede levantar el nombre del presidente o del vicepresidente para pedir trabajo o favores, (porque) los vamos a meter a la cárcel”, añadió García Linera.

El Gobierno de Evo Morales ha manifestado en varias ocasiones su disposición de luchar frontalmente contra la corrupción, incluso en casos en los que los afectados son partidarios del oficialismo, lo que fue ratificado hoy por las autoridades.

En los once años de gestión de Morales, los casos más sobresalientes de corrupción derivaron en el encarcelamiento de dos ministras por malos manejos económicos.

El caso más sonado fue el del expresidente de la petrolera estatal YPFB y por entonces hombre fuerte del oficialismo Santos Ramírez, destituido y encarcelado por delitos en la contratación fallida de una empresa argentino-boliviana para construir una planta separadora de líquidos del gas en el sur del país.

García Linera sostuvo que las actuales autoridades no llegaron al poder para enriquecerse y que una prueba de ello es que cuando algún ministro deja el cargo posee un patrimonio igual o menor que al momento de su nombramiento.

Una de las entidades que ya contaba con una Unidad de Transparencia antes de la promulgación de la norma es el Ministerio de Hidrocarburos.

Una investigación de esa unidad presentada en marzo detectó que hubo una “incorrecta adjudicación” en el contrato entre YPFB y la firma italiana Drillmec para la adquisición de tres equipos de perforación por 148,8 millones de dólares.

El caso derivó también en la destitución del entonces presidente de la petrolera boliviana Guillermo Achá y en el encarcelamiento de siete funcionarios de YPFB. 




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