El gobierno de Colombia y el ELN reiniciaron este martes en Quito los diálogos que buscan superar medio siglo de conflicto armado, en un segundo ciclo de conversaciones en el que esperan concretar una reducción de la violencia.
Delegados del presidente Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), única guerrilla activa en Colombia, así lo manifestaron al reunirse con el saliente presidente ecuatoriano Rafael Correa, anfitrión y facilitador de las pláticas lanzadas en febrero.
«Ojalá podamos pactar un cese bilateral que acompañe estas conversaciones desde el inicio, no al final», dijo a periodistas Pablo Beltrán, nombre de guerra del jefe del equipo de paz del ELN, al ingresar al presidencial Palacio de Carondelet.
El líder rebelde enfatizó que el ELN busca «de verdad» pactar un alto al fuego recíproco en las negociaciones, que avanzan sin una tregua en el terreno. «De eso se trata, para eso venimos», apuntó.
La delegación gubernamental, por su parte, destacó su anhelo de «persistir» en la concreción de la paz: «Llegamos a este segundo ciclo con el ánimo y la decisión de lograr acuerdos concretos de desescalamiento (de la violencia) y de protección de la población civil».
Para Juan Camilo Restrepo, jefe negociador de Santos, el alto al fuego bilateral debe estar precedido de pactos humanitarios con el ELN, una estructura federada que según cifras oficiales tiene en sus filas unos 1.500 combatientes y el apoyo de varios miles de milicianos.
«Cuando hayamos hecho ese camino del desescalamiento, estará sembrado el terreno fértil para llegar a un cese al fuego. Esperamos que sea pronto», dijo.
– ELN libera a dos personas –
Más allá de las conversaciones en Quito, el gobierno colombiano lleva adelante una ofensiva militar contra el ELN, que a su vez persiste en atentados a infraestructura y no ha renunciado aún al secuestro, pese a los reiterados pedidos del gobierno.
Este martes el grupo rebelde entregó a dos colombianos que estaban en su poder hace cerca de un mes en el selvático departamento del Chocó (noroeste), según informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que no precisó sus identidades.
A principios de mes el grupo guevarista había raptado a ocho personas también en Chocó, aunque posteriormente las liberó, según el gobierno por presión de la fuerza pública.
Por su parte, Santos, decidido a alcanzar la «paz completa» en Colombia tras sellar en noviembre un histórico pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal y más antigua guerrilla del continente, saludó en Twitter la reanudación de las conversaciones y agradeció el apoyo de Correa.
El presidente ecuatoriano, que dejará el cargo el 24 de mayo, destacó que las pláticas marchan «bastante bien».
– «Lo más pronto posible»-
«Créanme que todos esperamos con mucha ilusión que esos diálogos, lo más pronto posible, lleguen a un buen fin como ya sucedió» con las FARC, añadió.
El electo mandatario ecuatoriano, el oficialista Lenín Moreno, dijo días atrás en Twitter: «Hemos ratificado que el Ecuador sea la sede permanente de los diálogos de paz. Lo seguiremos siendo hasta que el objetivo se consiga».
Beltrán manifestó que aún no se ha definido que la capital ecuatoriana sea sede permanente.
La fase pública de negociaciones, de las que Ecuador es garante junto con Brasil, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela, se instaló el 8 de febrero en Quito, tras casi cuatro años de contactos confidenciales.
La segunda ronda -que debía iniciar el 3 de mayo- arrancó con el desayuno protocolario con Correa y un recorrido por Carondelet, y continuará este miércoles en una antigua hacienda jesuita en Sangolquí, donde se desarrollan las pláticas en las afueras de Quito.
En la rueda inicial, que concluyó el 6 de abril, ambas delegaciones pactaron impulsar un plan piloto de desminado humanitario.
Tras una inusual reunión de dos días en Cuba la semana pasada, líderes del ELN y de las FARC, esta última en proceso de desarme, ratificaron su voluntad de terminar con el cruento conflicto armado colombiano, en el que también han participado paramilitares y agentes estatales, dejando 220.000 muertos, 60.000 desparecidos y 7,1 millones de desplazados.
