El gobierno de Colombia indultó al menos a 110 guerrilleros de las FARC, en el marco del acuerdo de paz firmado para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, informó este miércoles el Ministerio de Justicia.
«Ya se han firmado alrededor de 100 indultos (…) yo creo que alrededor de 300 indultos se podrían dar» antes de terminar el año o a principios de 2017, dijo el ministro de Justicia, Jorge Londoño, en rueda de prensa.
El funcionario sostuvo que el indulto o la amnistía solamente será para guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), señalados o condenados por delitos políticos o relacionados.
El grupo rebelde tiene unos 5.700 hombres en armas y cerca de 4.500 presos.
El indulto no aplicará en ningún caso a aquellos culpados por crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales o tortura, agregó.
Una vez que el ministerio firme las resoluciones, serán analizadas por un juez que procederá a hacer el levantamiento de las medidas respectivas.
Entre las 110 resoluciones se incluyen 30 indultos otorgados a principio de año por el gobierno.
En el caso de los cerca de 5.500 agentes estatales en prisión por delitos relacionados directamente con la conflagración interna, podrán cesar los procedimientos en su contra si también se les acusa de delitos menores, señaló Londoño.
Si han estado más de cinco años presos por este tipo de sindicaciones quedarán en libertad, tras verificarse que no tengan vínculos con crímenes de lesa humanidad, explicó.
El gobierno de Juan Manuel Santos presentó el martes un proyecto de ley de amnistía para los involucrados en el conflicto armado, luego de que la Corte Constitucional avalara un mecanismo de vía rápida para implementar el pacto de paz sellado tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.
El proyecto prevé que los guerrilleros o agentes estatales señalados de delitos graves o de lesa humanidad «salgan a la libertad, pero con la condición firmada de acogerse a la jurisdicción especial para la paz (JEP)», dijo Catalina Díaz, directiva del ministerio.
La JEP, que prevén presentar al Congreso a más tardar el viernes, es como se conoce al sistema de justicia transicional acordado con las FARC para juzgar a los distintos actores.
Según el acuerdo, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
