El Gobierno de Nicolás Maduro consideró este lunes que la Unión Europea (UE) se ha inhabilitado para participar en los «procesos políticos» de Venezuela al haber aprobado la extensión, hasta mayo de 2024, de sanciones contra 54 altos funcionarios, así como del embargo de armas y material para represión interna.
Las medidas suponen, de manera personal, la prohibición a los afectados de viajar a la UE y la congelación de sus activos, pero no afecta a empresas estatales ni a bienes comunes del país caribeño.
En un comunicado, el Ejecutivo chavista rechazó «la arrogante e ilícita decisión de la UE», la cual «les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos, ya que viola los principios sagrados de la Constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas».
«Con esta decisión, la UE refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas, que en este caso, pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley», reza el escrito.
A juicio de Caracas, estas restricciones «afectan la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados», por lo que insta a los Veintisiete «a evitar las prácticas colonialistas» y, en cambio, «crear espacios positivos de cooperación para afrontar con eficacia los retos y desafíos comunes».
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El bloque comunitario extendió «excepcionalmente» sus sanciones seis meses en vez de un año, como es habitual, tras apreciar como un «paso positivo y necesario» el acuerdo entre el chavismo y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
La UE recordó que está dispuesta a «dar pasos» y «considerar la flexibilización o la revocación» de estos mecanismos «en función de la evolución de la situación y de la aplicación de este acuerdo político».
Las medidas afectan, entre otros, a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Estas sanciones, en vigor desde noviembre de 2017, se impusieron en respuesta al «continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela», recordó el Consejo, con vistas a «ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas» que aporten «estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades acuciantes de la población».
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