Foro de Transparencia Venezuela en Carabobo
Judith Suckerman y Jessica Vivas
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La cuenta es sencilla. Del uno al 10 el Gobierno está en la escala del nueve en opacidad de la información oficial. No le interesa que la colectividad sepa mayores detalles de cada uno de sus movimientos. “No es un sistema transparente, y el resultado es el fomento de casos de corrupción”, alertó Jessica Vivas, coordinadora de proyectos de Transparencia Venezuela.

Solo en 2016 la asociación civil introdujo 15 solicitudes de datos por diversas denuncias recibidas que involucraban a diferentes entes del Ejecutivo. Todas fueron negadas por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Nos dijeron que nosotros como organización no gubernamental no podemos conocer esa información”. Pero el artículo 51 de la Constitución dice lo contrario. “Hay una evidente discrepancia entre lo que establece nuestra Carta Magna y las acciones del TSJ”.

A eso se le suman las más de 65 sentencias hechas por los magistrados que violan la independencia de poderes. “Nada de lo que recientemente ha pasado debe sorprendernos. Ya lo habíamos advertido”. La novedad en este caso lo determina que la ciudadanía debe participar activamente para el rescate de la democracia que perdimos, porque no es una condición que puede estar a medias. Es como la mujer que espera un bebé, no está medio embarazada. Igual pasa con la democracia y  hay que defenderla”, alertó la concejal de Valencia, Judith Sukerman, quien participó junto a Vivas en el foro “Poderes en la Mira” organizado en Carabobo por Transparencia Venezuela.

La edil insistió en que se ha tratado de un proceso progresivo en el que se le han quitado las competencias a la Asamblea Nacional (AN). “Ya los legisladores no pueden controlar sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ni las Fuerzas Armadas, tampoco pueden convocar a comparecer a los funcionarios públicos”. Es un problema basado en eliminar la descentralización y concentrar todo el poder en el Ejecutivo.

Sukerman llama a la población a ampararse en la Constitución para la activación del artículo 350 sobre la desobediencia civil. “Hay que salir a defender la independencia de las instituciones, nos toca a todos nosotros”.




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