Penal de Punta Peuco (Foto Archivo)

El Gobierno de la presidenta saliente Michelle Bachelet aseguró hoy que durante su Administración “no se pudo” cerrar el penal de Punta Peuco, una cárcel especial en la que 122 exmilitares purgan condenas por violaciones a los derechos humanos en Chile.

El cierre de este recinto fue un compromiso de Bachelet con las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que no se concretó en los cuatro años de mando de la centroizquierda.

“Siempre dijimos que estaba en el ámbito de la presidenta de acuerdo a sus propias facultades, que era lo que ella podía hacer, pero también dependía de otras condiciones y de otras consideraciones de carácter legal y no se pudo en ese sentido”, señaló a los periodistas la portavoz del Gobierno, Paula Narváez.

Narváez realizó este domingo su “última vocería” al arribar a la sede del Congreso en Valparaíso, donde se realizará hoy la investidura del presidente electo, el derechista Sebastián Piñera.

En una rueda de prensa, la ministra sostuvo que se va “orgullosa de lo logrado” en este período gubernamental, y declinó volver a referirse a la demanda por la clausura de la cárcel de Punta Peuco.

“Nosotros siempre hemos dicho que cuando tuviéramos alguna novedad, la comunicaríamos y hasta el momento no hemos tenido ninguna”, dijo.

A mediados del año pasado, Bachelet señaló en declaraciones a CNN Chile que cerraría el penal Punta Peuco y el martes pasado, en declaraciones a Canal 13, remarcó que aún le quedaban días de Gobierno para concretar la medida.

Punta Peuco fue construida en 1995 en el municipio de Tiltil, unos 35 kilómetros al norte de Santiago, y definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel “cinco estrellas”, con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.

El sábado corrieron fuertes rumores de que finalmente el recinto sería cerrado antes del cambio de mando y los internos trasladados a cárceles comunes, sin embargo, fuentes gubernamentales señalaron el mismo día que “nada de ello ocurriría”.

Ante esto, los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar criticaron que la labor de la presidenta Bachelet, que este domingo deja su cargo, “fue insuficiente” y que el Ejecutivo “no hizo nada” contra la impunidad.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por razones políticas. EFE




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