El gobierno de Nicaragua decomisó este domingo 200 crucifijos a opositores, que pretendían repartirlos entre fieles católicos de su país.
Los crucifijos fueron confiscados a Olesia Muñoz, quien pasó casi un año presa entre 2018 y junio de 2019, y al empresario Ermis Morales, cuando regresaban a Nicaragua tras un viaje a Costa Rica.
Los afectados, quienes denunciaron la confiscación por redes sociales, afirmaron que las autoridades nicaragüenses no explicaron el motivo de la medida.
Muñoz es una católica laica que se hizo conocida en la cárcel de mujeres La Esperanza por entonar canciones religiosas desde su calabozo.
El suceso ocurre en medio de una ruptura entre el gobierno y el catolicismo, porque en 2018 los sacerdotes abrieron las puertas de los templos para salvar la vida de manifestantes.
Mientras las autoridades nicaragüenses confiscaban los crucifijos, Ortega brindaba una entrevista en la que afirmaba que en el país hay la más absoluta libertad religiosa.
En la misma entrevista Ortega acusó a los manifestantes exiliados en Costa Rica de querer retomar acciones armadas, aunque la oposición sostiene que la rebelión es cívica.
Los denunciantes afirmaron que no fueron arrestados, pero que los funcionarios los retuvieron durante casi cinco horas y les impidieron tener acceso a alimentos.
Denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, rechazó la acción y denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Muñoz y Morales afirmaron que las autoridades los liberaron, pero sin entregar los crucifijos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Según la CIDH, al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis, aunque organismos locales cuentan hasta 595 y el gobierno admite 200.
