El Gobierno de EE.UU. cambió parcialmente su posición sobre una ley del estado de Texas que exige a los votantes mostrar en las urnas un carné de identidad, supuestamente restringe el voto hispano y había combatido en los tribunales el expresidente Barack Obama.
Un alto funcionario gubernamental dijo a Efe que este lunes los abogados del Departamento de Justicia interpondrán en la corte del distrito sur de Texas, con sede en Corpus Christi, un documento judicial que cambia parcialmente la posición que el Gobierno ha defendido desde 2011, cuando Texas proclamó su ley.
«La moción que se presentará hoy pretende desestimar la alegación de propósito discriminatorio, pero no la alegación de efecto discriminatorio», dijo este funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
Es decir, en su demanda, el Gobierno defenderá que la ley de Texas no busca intencionalmente discriminar a los miembros de las minorías hispana o negra, pero puede tener esos efectos.
La ley de Texas obliga a los votantes a mostrar un carné con fotografía para poder ejercer su derecho al voto, pese a que en Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación.
Los defensores de la ley argumentan que evita fraudes, pero sus opositores aseguran que, en realidad, busca impedir el voto de los pobres y las minorías, ya que esos sectores poseen carnés de conducir en menores proporciones debido a la imposibilidad de permitirse el pago de un vehículo.
El movimiento del Gobierno llega justo antes de la audiencia que había programado para mañana la jueza de la corte de Texas, Nelva Gonzales Ramos, con el fin de estudiar el punto de si los legisladores de Texas intencionalmente trataban de disuadir el voto de las minorías.
El Gobierno de Obama se había aliado con grupos defensores de los derechos civiles para hacer frente a la ley de Texas, una postura que era previsible que cambiara con el presidente, Donald Trump, y con el nuevo fiscal general, Jeff Sessions, quien en el pasado se había mostrado favorable a iniciativas como la de Texas.
Leyes similares a la de Texas se han multiplicado en otros estados, como Carolina del Norte, desde que en 2013 el Tribunal Supremo invalidara una sección de Ley del Derecho al Voto que obligaba a los estados de «tradición conservadora» a recibir permiso del Gobierno antes de llevar a cabo modificaciones electorales.
Para varias organizaciones, la decisión del Supremo truncó una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto, que permitía al Gobierno eliminar las trabas que los estados ponían a los negros para votar, un derecho que tenían desde 1870 pero que no podían ejercer por la represión, entre otros, del Ku Klux Klan.
En Texas, el segundo estado con mayor población hispana, 4,2 millones de latinos tienen derecho a votar, según datos del censo de 2010.
