Foto: (Referencial)

Unos dos mil funcionarios venezolanos se desplegaron este martes en 709 panaderías del municipio caraqueño Libertador para supervisar estos establecimientos, que podrían ser intervenidos por el Gobierno de Nicolás Maduro de comprobarse irregularidades con la venta y producción de pan.

El Superintendente de Precios Justos, William Contreras, encabezó estos operativos en la capital venezolana que, según dijo, se expandirán por todo el territorio del país caribeño para dar cumplimiento a la indicación presidencial que ordena destinar 90 % del saco de harina a la elaboración de dos tipos de hogazas.

Contreras explicó que unos 700 funcionarios de esa entidad supervisaron estas panaderías para determinar la cantidad de materia prima que recibirá cada establecimiento en función del tamaño del modelo de negocios, así como de la capacidad individual de amasado, procesamiento, almacenamiento y frecuencia de distribución de los panes.

Dijo que cerraron al menos una panadería en Caracas y que durante el operativo encontraron otras 21 cerradas, por lo que iniciaron averiguaciones para determinar si estos cierres fueron planeados para evitar la fiscalización, lo que conllevaría a la intervención gubernamental en estos establecimientos.

El funcionario señaló que algunos miembros del gremio panadero han cometido delitos como especulación, desviación del producto, boicot, alteración fraudulenta, violación de derechos individuales, condicionamiento de venta, entre otros delitos que violan la Ley de Precios Justos vigente en la legislación local.

«A partir de las seis de la mañana (en las panaderías) tiene que haber producción continua, cero condicionamiento de horario, ni condicionamiento de venta», sostuvo y agregó que los locales donde haya cola para comprar pan, habituales en Caracas, serán sancionados.

 



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