El Gobierno francés aprobó hoy un controvertido proyecto de ley que busca reducir de 14 a cerca de seis meses la duración de los trámites de las demandas de asilo para acelerar su concesión a quienes cumplan los requisitos y facilitar la expulsión de los rechazados.
El texto en favor de una inmigración controlada y un derecho al asilo efectivo, según su título, se comenzará a debatir en la Asamblea Nacional en un mes y quiere alinear la normativa francesa a la de otros países europeos.
En 2017, según recordó hoy en conferencia de prensa el ministro del Interior, Gérard Collomb, más de 100 mil personas solicitaron la protección de Francia, lo que supuso un aumento del 17 % respecto al año anterior. Otras 85 mil no fueron admitidas en la frontera.
El Ejecutivo pretende acelerar el tratamiento de las peticiones de asilo, reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y mejorar las condiciones de integración de los extranjeros en situación regular.
Entre sus puntos más controvertidos, está la ampliación de 45 a 90 días del periodo de retención administrativa de aquellos en proceso de expulsión y de 16 a 24 horas el tiempo en que una persona puede quedar detenida hasta que se comprueba su documentación.
Frente a la división que provoca el texto, incluso entre la mayoría gubernamental, el ministro consideró que se trata de un proyecto de ley totalmente equilibrado y necesario para el país.
«Siempre habrá críticas. (…) Tenemos que acoger, pero hacerlo bien», concluyó.
La oposición de derechas considera este nuevo dispositivo demasiado laxo, mientras que para las asociaciones humanitarias es, en cambio, muy restrictiva.
