El Gobierno nacional intervino este lunes el Centro Penitenciario Vista Hermosa, ubicado en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), el quinto tomado por los cuerpos de seguridad en los últimos dos meses y menos de una semana después de que el Ejecutivo asegurara tener el control del 99% de las cárceles más pobladas.
«Hemos hecho desde tempranas horas el trabajo necesario para intervenir totalmente este centro. Hemos desmantelado todas las estructuras criminales que estaban aquí. Posteriormente vamos a dar algunas informaciones adicionales (…) de lo que aquí funcionaba: un centro de extorsión para todo el país», dijo el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, al canal estatal VTV.
Explicó que todos los presos que se encontraban en esta cárcel están «seguros» y serán trasladados, por orden del Ministerio de Servicios Penitenciarios, a otras prisiones.
«Hemos garantizado la toma de los centros más poblados que teníamos en Venezuela, es decir, hemos avanzado en un 99,9% en la toma completa de todos los centros para que entren en el reimpulso penitenciario», manifestó hoy Ceballos.
También en Twitter, el Ministerio de Interior y Justicia mostró imágenes de la intervención, donde se observa el despliegue de militares y policías en los espacios de la cárcel, y los reos mientras son movilizados dentro de las instalaciones.
Los familiares de los reos rechazan los traslados
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró, en la misma red social, que la operación comenzó este lunes y que los familiares de los privados de libertad se acercaron al penal para rechazar su traslado, pero que fueron retirados de la zona.
El pasado viernes, decenas efectivos de cuerpos de seguridad intervinieron el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica, donde incautaron armas, municiones y teléfonos móviles.
Estas intervenciones se efectuaron en el marco de la llamada Operación Guaicaipuro, que comenzó con toma de un penal en el estado Aragua, en el que operaba el Tren de Aragua, una banda criminal extendida por Chile, Perú, Bolivia y Colombia.
Mientras el Ejecutivo subraya el éxito de estos operativos, el OVP critica que «no hay transparencia» en la información brindada sobre estos despliegues de seguridad y que aún hay líderes criminales que mantienen su poder en algunas cárceles.
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