Humberto Prado: Gobierno de Maduro incumple las recomendaciones de Alta Comisionada de DD.HH.
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El comisionado para DD.HH. del líder opositor Juan Guaidó, Humberto Prado, aseguró que en Venezuela se continúan registrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales, torturas y tratos crueles e inhumanos de manera sistemática, lo que contraviene las recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

De hecho, señaló que se irrespeta el Memorándum de Entendimiento emitido por su oficina y firmado por la administración chavista en septiembre 2019.

En nota de prensa, Prado destaca que, el pasado 11 de marzo, Bachelet publicó una actualización de su informe sobre Venezuela, en el que asegura que en el país se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, el deterioro en el acceso a los servicios básicos y los bajos salarios (por debajo de tres dólares al mes) que ha forzado a muchos de los connacionales a migrar.

El funcionario también expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de la escalada de enfrentamientos entre los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos armados no estatales en el estado Apure.

Impunidad campante

En este sentido, la oficina de Humberto Prado considera que, independientemente de las recomendaciones, ninguna ha sido cumplida. En materia judicial, señala que los jueces y los fiscales carecen de independencia, por cuanto están designados para ejecutar las órdenes del gobierno de Maduro.

Resalta, además, que la Fiscalía y los jueces, incluido el TSJ, se utilizan como mecanismo de persecución contra la sociedad y como mecanismo de impunidad frente al delito, especialmente en lo concerniente a las violaciones a los derechos humanos.

Las arbitrarias y erradas políticas económicas han destruido la producción nacional y el empleo, creando una hiperinflación que afecta a toda la población golpeando especialmente a los sectores más pobres en su acceso a la comida.

Igualmente, no son actos para garantizar los servicios públicos esenciales como la salud, las medicinas, el agua potable o la electricidad. Ello coloca a la población en general y a los más pobres en una situación de extrema vulnerabilidad que afecta no sólo su salud sino su integridad personal y hasta su vida, lo que ha creado una crisis humanitaria que ha forzado a más de 4 millones de venezolanos a migrar fuera del país, convirtiéndolos a su vez en población vulnerable en los lugares de acogida.

Recrudecimiento de la pandemia

Asimismo, Prado destaca que, ante la pandemia causada por la COVID-19, el chavismo ha utilizado políticamente el contexto de la enfermedad para restringir aún más las voces independientes en el país y el derecho a defender los derechos humanos.

Venezuela se ha convertido en el país de Suramérica con menor tasa de vacunación: dos meses después, la proporción apenas llega a 0,8 dosis por cada 100 habitantes, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por su parte, la ONG Médicos Unidos de Venezuela alertó este miércoles 5 de mayo sobre la muerte de 15 trabajadores del sector de la salud por COVID-19, lo que eleva la cifra total de fallecidos a 537 desde el comienzo de la pandemia. Además, la cifra de fallecidos en el país (según cifras oficiales) sobrepasan las dos mil muertes frente al colapso del sistema hospitalario nacional.

Víctimas de la violencia

En materia de seguridad, el Monitor de Víctimas contabiliza al menos 140 personas asesinadas durante el primer trimestre del 2021. El Observatorio del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), registró 60 feminicidios en los que 45% de las víctimas tenían entre 22 y 36 años.

El comisionado de DD.HH. asegura que, mientras más se consolida el autoritarismo en Venezuela, los ataques contra los defensores de derechos humanos se vuelven cada vez más comunes. “Existen patrones claros de violencia y ataques contra los defensores, que no constituyen casos aislados, sino que confirman la existencia de una política de persecución contra las ONG.

En este sentido, la COFAVIC ha constatado un aumento de los ataques a personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil en 157% con respecto a las cifras de 2019. Las detenciones arbitrarias, los actos de agresión, intimidación, difamación, estigmatización y hostigamientos, se han convertido en los tipos de ataque más comunes.

Asimismo, la ONG Espacio Público registra en solo un año 24 medios de comunicación y ocho emisoras cerradas por intervención del Estado, incluido el aumento de los ataques contra periodistas y medios de comunicación social como Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Padecimiento en las cárceles

El defensor de DD.HH. también señaló el incremento de la crisis del sistema penitenciario del país, debido al incumplimiento de estándares internacionales en los centros de reclusión y el tratamiento de personas privadas de libertad, convertidos en centros para la tortura, los malos tratos, la violencia intracarcelaria y el hacinamiento.

Al respecto, mencionó que, actualmente, la población reclusa ya ronda los 38 mil, mientras en los calabozos policiales suman 55 mil personas distribuidas en espacios que apenas soportan 26 mil 238 personas (26 centros penitenciarios).

Prado recordó que en las cárceles se han reportado muertes por problemas de salud, como tuberculosis, desnutrición y Sida, entre otros. Durante 2020, se registraron 292 decesos de presos, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis, dos casos que suponen más de 60% de los fallecidos en los penales venezolanos.

Finalmente, denunció que desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha, no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad.




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