El Gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, evaluará el traslado del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) a una prisión común, cuando éste sane, declaró este viernes el jefe del gabinete, Aníbal Torres.
El jueves, Fujimori, de 83 años, resultó trasladado de urgencia a la clínica Centenario desde el penal de Barbadillo, en el que cumple una sentencia de 25 años de prisión, debido a una fibrilación auricular, un mal cardíaco que lo aqueja desde hace un tiempo.
Sobre este hecho, Torres comentó con la prensa que «todos los enfermos que están en las cárceles están debidamente atendidos. En ese sentido, el presidente Fujimori también».
«Sus familiares lo han llevado, primero, a un hospital; luego, a una clínica. Constituye su derecho», agregó el presidente del Consejo de Ministros.
Su hija mayor Keiko Fujimori explicó el jueves a los periodistas que si su padre no era estabilizado primero en el hospital de Ate, cercano al penal, no hubiese podido llegar a la clínica donde quedó internado en la unidad de cuidados intermedios.
Existe la posibilidad del traslado
Consultado sobre si el exmandatario terminará trasladado a una cárcel común, dado que es el único interno en Barbadillo, Torres respondió que esa posibilidad se analizará cuando «se sane».
En febrero pasado, Torres criticó que Fujimori haya regresado a una «cárcel dorada» en Barbadillo, después de varios meses internado en la clínica debido a una fibrosis pulmonar.
Torres, que en ese momento era ministro de Justicia, destituyó a la entonces jefa del instituto penitenciario Susana Silva, después de confirmar que no le informó del retorno del exmandatario al penal que lo alberga.
Sin embargo, la hija del exmandatario señaló que «hay informes del propio Instituto Nacional Penitenciario muy claros, y una resolución judicial que dice que el lugar que le corresponde es el penal de Barbadillo».
Preso por masacres cometidas entre 1992 y 1993
Fujimori es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de la base policial de Barbadillo en el distrito de Ate, al este de Lima, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tendrá 95 años.
En ese lugar cumple desde 2009 una condena a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.
Respecto a la posibilidad de dar a Fujimori un beneficio para lograr su excarcelación, Torres dijo que «no hay nada sobre el tema del indulto, por ahora. Además, nadie lo ha solicitado».
Sobre este punto, la excandidata presidencial y líder del partido derechista Fuerza Popular indicó que «lo importante sería que el Tribunal Constitucional tuviera a bien decidir una fecha para analizar un hábeas corpus que está pendiente».
«Esa es la vía para obtener la libertad que estamos esperando», anotó Fujimori.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional evaluó en privado una acción de hábeas corpus presentada por la defensa de Fujimori para que se deje sin efecto una decisión judicial que anuló el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Al respecto, el TC dejó «al voto» su decisión sobre el tema, pero aún no ha informado el plazo en que emitirá una resolución. EFE
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