El Gobierno peruano pidió que varios integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presencien el debate de moción de vacancia (destitución) del presidente Pedro Castillo que se celebrará el próximo lunes en el Congreso.
En una carta enviada por el canciller César Landa a la presidenta del Congreso, María Carmen Alva, y difundida por otros miembros del gabinete, le solicita que acepte la presencia de testigos de la OEA para que «el debate se celebre con la mayor transparencia posible ante la ciudadanía y la comunidad internacional».
En la misiva, hace hincapié en que la sesión parlamentaria tiene «transcendencia para la gobernabilidad del país y para la preservación y la plena vigencia de la democracia en el continente».
Por todo ello, Landa solicitó a Alva «brindar las facilidades» para que tres funcionarios de la OEA presencien el debate en el Pleno del Congreso: el representante de la OEA en el Perú, Miguel Ángel Trinidad, el secretario de asuntos jurídicos, Jean Miguel Arrighi, y la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, Maricarmen Plata.
Debate de moción de destitución de Castillo
El partido opositor Avanza País cuestionó este pedido a la presidenta del Congreso por parte del canciller al afirmar que «no hay ningún precedente para permitir que la OEA sea veedora de un proceso como la vacancia».
Por su parte, el primer ministro, Aníbal Torres, destacó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó este viernes su preocupación por «la inestabilidad política en el Perú y su impacto en los derechos humanos ante un nuevo procedimiento de vacancia presidencial bajo la figura de la incapacidad moral permanente».
Este es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando su preocupación por la inestabilidad política de nuestro país generada por el 2do proceso de vacancia presidencial, escribió Torres en su cuenta de Twitter, un mensaje que acompañó del pronunciamiento de la CIDH, un organismo de la OEA.
La vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional y fundarse en conductas señaladas con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso, a fin de asegurar que sea un recurso que no se use para afectar el orden democrático constituido y los derechos políticos de los y las peruanas, informó la Comisión en un comunicado.
El próximo lunes, el Congreso escuchará la defensa de Castillo de la acusación por una supuesta «incapacidad moral permanente» y votará el pedido de destitución presentado por varios grupos de ultraderecha que, aparentemente, todavía no cuentan con los 87 votos que necesitan para que el mandatario abandone el cargo.
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