El periodista venezolano Roberto Deniz, del portal Armando Info -que ha publicado diversas investigaciones sobre el empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente del país, Nicolás Maduro-, denunció este miércoles que hay una orden de allanamiento contra la vivienda de su familia en Caracas.
«Recibo información de que hay una orden de allanamiento contra vivienda de mi familia en Caracas. Es público que desde 2018 no estoy en Venezuela, no tengo bienes, ni siquiera carro. Desde inicios de 2020, tanto yo como mi familia tenemos medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», indicó el periodista en su cuenta de Twitter.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) agregó que Deniz se encuentra fuera del país por haber recibido amenazas tras su investigación sobre los negocios de Saab. «Él y su familia tienen medidas de protección dadas por la CIDH. El SNTP insiste en el llamado a respetar a medios y periodistas, pero sobre todo, denuncia la utilización de la justicia como medida para imponer la censura», advirtió la agrupación gremial.
En 2018, Deniz y los editores Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk fueron demandados por Saab por el presunto delito de «difamación» e «injuria» agravadas, que conllevan penas de entre uno y seis años de cárcel.
Armando Info publicó en abril y septiembre de 2017 dos reportajes que vinculan a Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno de Maduro de alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios pobres.
De acuerdo con la investigación, el Gobierno de Venezuela benefició a la compañía con un contrato multimillonario para adquirir suministros de alimentos subsidiados.
En ese momento, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la demanda y denunció que el Gobierno venezolano usa leyes de difamación y procesos judiciales para intimidar a la prensa.
Los periodistas abandonaron el país tras ser demandados.
A finales de 2019, Armando Info publicó otra investigación donde se reveló que exdiputados del Parlamento venezolano emitían «cartas de buena conducta» para que organismos de distintos países absolvieran o dejaran de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido
