«Durante este tiempo se ha llevado a cabo la fase de acercamiento, que cuenta con mecanismos de verificación de la reducción de la violencia», informó el organismo a través de un comunicado, en el que indicó que ambas partes adoptaron compromisos «con la verdad, con no hacer trampas ni engaños y con abstenerse de incluir en el proceso a personas ajenas al mismo».
Se trata del tercer proceso urbano que emprende el Gobierno con grupos criminales, encargados de muchos de los delitos como homicidios, microtráfico o secuestros en las urbes, después del iniciado en la ciudad portuaria de Buenaventura y en la de Quibdó, ambas en el Pacífico, pero la primera en una ciudad grande, la segunda más importante del país.
Desde el Gobierno aseguran que existen «garantías» en Medellín para las bandas y grupos criminales bajo la premisa de «no repetición, la memoria y el respeto a las víctimas, y las transformaciones urbanas que traigan seguridad humana a la ciudadanía».
Esta primera fase de acercamiento se ha desarrollado en «absoluta discreción» y ha contado «con la participación de testigos internacionales y de actores nacionales, eclesiales y académicos» que seguirán estando implicados en el proceso en su fase pública.
El diálogo con los grupos criminales ha dado pie a informaciones incorrectas sobre compromisos entre las partes, detalló el Alto Comisionado, que aseguró que «las especulaciones sobre promesas de rebajas de penas, de no extradición o de excarcelación de líderes de estructuras armadas carecen de fundamento».
«La paz y la vida digna para Medellín y su área metropolitana es una prioridad para el Gobierno Nacional y su política de paz total», concluyó el organismo.
El Gobierno colombiano ya ha adelantado un proceso similar en Buenaventura (suroeste), principal puerto del país y una de las ciudades más violentas, con las dos bandas que se disputan la ciudad y con quien están dialogando para lograr una paz urbana que se convierta en ejemplo nacional.
También en Quibdó, capital del selvático departamento del Chocó (oeste), dos grupos criminales, dedicados a la extorsión y al narcotráfico, anunciaron el pasado diciembre un cese al fuego, después de lo cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro mostró su disposición «a iniciar un proceso de acercamiento» con dichas bandas.
