El Gobierno venezolano repudió el 27 de enero las declaraciones de la Unión Europea (UE) en contra de la expulsión del embajador español en Caracas, y considero su actitud como una «arrogante pretensión» de los veintiocho de «supervisar» al país caribeño.
Venezuela declaró esta semana «persona no grata» al embajador español, Jesús Silva Fernández, por «injerencia» en asuntos internos, ante lo que la UE expresó «plena solidaridad con España» al tiempo que pidió a las autoridades venezolanas «revertir» la decisión.
La portavoz de Exteriores de la Comisión Europea (CE), Catherine Ray, reiteró ayer que la UE aprobó esta semana sanciones contra siete altos funcionarios de Venezuela para «recordar a sus autoridades» la necesidad de «revertir» acciones que «han cuestionado el Estado de derecho y el respeto al orden constitucional».
Ante ello, la Cancillería del país caribeño publicó un comunicado en el que expresa «su más enérgica repulsa ante la arrogante pretensión de la Unión Europea de ‘supervisar’ a Venezuela como si se tratase de una colonia bajo su tutela» y le pide «retractarse de su ofensiva declaración».
La Administración de Nicolás Maduro reiteró su rechazo a las sanciones contra altos funcionarios que considera «medidas restrictivas, coercitivas, unilaterales e ilegales» y pidió a la UE «cesar su estrategia hostil».
Asimismo, les conminó «a retomar las sendas de las relaciones respetuosas y constructivas (…) que hoy se encuentran fuertemente comprometidas por los constantes ataques hacia las instituciones democráticas venezolanas».
Una vez aprobadas las sanciones de la UE, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, entregó una «contundente» nota de protesta a diplomáticos del bloque acreditados en el país, y prometió «respuestas» en «distintas dimensiones».
El Gobierno de España declaró ayer «persona non grata» al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, y le invitó a abandonar el país en un plazo de 72 horas, en una respuesta «proporcional» y «de reciprocidad» a la misma medida adoptada por Caracas.
