El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, expresó este miércoles su preocupación por posibles demandas a autores de notas periodisicas en las que se han revelado casos de corrupción y de negociaciones con pandillas por parte del Gobierno de Nayib Bukele.
La preocupación del gremio de prensa surge luego de que el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, dijera que recomienda a los funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU, por presunta corrupción en la gestión de la pandemia, que demanden a «personas que escribieron» publicaciones periodísticas «tomadas en cuenta» por la nación norteamericana.
Argueta aseguró, en una entrevista televisiva, que dichas «publicaciones» fueron retomadas por EE.UU. para «meter en listas a los funcionarios» y posteriormente sancionarlos.
Estas declaraciones las vemos como amenaza real contra el periodismo salvadoreño (…) nos preocupa que en Casa Presidencial hayan este tipo de consejos jurídicos, señaló Fagoaga en una conferencia de prensa.
Gremio de prensa salvadoreño preocupado
El presidente de la APES indicó que «esas declaraciones, además de ser irresponsables e irracionales, lo que promueven es un discurso de odio contra la prensa y es una narrativa muy peligrosa que cada vez vemos que es más frecuente en esta Administración, lo cual nos preocupa mucho».
Lo que se quiere es atentar contra los medios, contra los periodistas que están difundiendo este tipo de información (…) no olvidemos que lo importante es que se sepa que esta Administración, al igual que las anteriores, está negociando con criminales, subrayó.
Fagoaga aseguró que lo que se busca es «los periodistas se censuren y que tengan miedo para seguir investigando».
La buena noticia para la sociedad, y la mala noticia para este Gobierno, es que la prensa va a seguir haciendo sus reportajes, la prensa va a seguir investigando», agregó.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a la jefa del gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, por presunta corrupción en la gestión de la pandemia de la COVID-19.
También anunció sanciones contra dos funcionarios salvadoreños por corrupción durante «negociaciones secretas» del presidente con la «Mara Salvatrucha» (MS-13).
Se trata de los directores de Centros Penales, Osiris Luna, y de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
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