Leonardo Palacios presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, señaló que la situación de la industria y los comercios cada día es más caótica, por lo que estima que está a punto de desatarse una pandemia empresarial en todo el país, lo cual sería lamentable.
Dijo que si bien es cierto hay algunos sectores que han podido tener un leve repunte, también es verdad que otros han visto mermada su rentabilidad, la cual venía afectada desde antes de la pandemia por el COVID-19.
Palacios declaró este martes al programa Desde La Cabina de Unión Radio, donde también expresó que la rentabilidad de las empresas venía siendo amenazada por una serie de políticas erráticas desde el punto de vista tributario y laboral.
Precisó que esto se ha agravado por la ausencia de políticas empáticas, por parte del Ejecutivo nacional, que al igual que en otros países de América Latina y de Europa se han tomado, para tratar en la medida de lo posible que las empresas, en cualquiera de los eslabones de la cadena económica pueda subsistir y seguir manteniendo su ritmo de producción y distribución de bienes y servicios.
El dirigente gremial subrayó que por el contrario, el gobierno ha venido acentuando una política totalmente dura, en cuanto a la materia tributaria.
Apuntó que no ha habido correspondencia ni mucho menos una respuesta favorable, a los planteamientos que ha venido haciendo el sector privado a través de sus organismos gremiales, para evitar el cierre de empresas y la posibilidad de que la industria pueda volver a sus actividades en forma sostenida, para satisfacer las necesidades que demanda el ciudadano para su bienestar diario.
“Es preocupante esta situación. Esta pandemia que tratamos en la medida de lo posible que se evite, puede estar a la vuelta de la esquina, tomando en consideración esas circunstancias que hemos mencionado”.
Palacios manifestó que pese a toda esta situación, el sector privado es el único que está haciendo frente a la posibilidad que los ciudadanos subsistan.
Citó que el empresariado venezolano paga a sus trabajadores más de lo que el gobierno establece como salario mínimo, y asumen las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los empleados.
