Laura Clisánchez/ Correo del Caroní
La Delegación de Derechos Humanos del Colegio de Abogados en el estado Bolívar interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público por las emisiones de óxido de aluminio provenientes del área de calcinación de alúmina de CVG Bauxilum.
El gremio solicitó al Ministerio Público una investigación para determinar la responsabilidad penal por tales emisiones que durante dos semanas -y contando-, han puesto en riesgo la salud de habitantes de buena parte de Ciudad Guayana.
“Para este caso aplican la Ley Penal del Ambiente, y otras responsabilidades civiles y administrativas (…) recorrimos parte de la parroquia Unare, y nos reportaron bienes, terrenos, casas, impregnadas con ese material”, manifestó Javier González, coordinador de la delegación.
González informó que el equipo acudió a CVG Bauxilum, pero se les negó la entrada. “La situación se está manejando con un hermetismo inusual. Sabemos que la semana pasada estuvo una comisión de ambiente en la empresa, pero no hay pronunciamiento público. Estamos hablando de una contaminación seria, un daño que puede ser irreversible para la salud de los trabajadores y los habitantes en general”, denunció el abogado.
La delegación recolectó muestras del óxido de aluminio para enviarlas a analizar en un laboratorio industrial particular con el propósito de determinar qué tan nocivo es para la salud humana y animal, en un contexto de exposición prolongada al material. Una de las muestras fue entregada al Ministerio Público.
“Uno de los propósitos de esta denuncia es forzar la intervención de los organismos que tienen competencia en la materia. No importa que las emisiones hayan disminuido, el daño ya está hecho y alguien tiene que responder por eso”, sostuvo.
González informó que en alianza con especialistas continuarán con una investigación particular para determinar las afectaciones reales de las emisiones en la ciudad.
Comisión Ciudadana de investigación ambiental
Por otro lado, parlamentarios del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) crearon una comisión ciudadana de investigación ambiental, enfocada en el monitoreo de la contaminación producida por las empresas básicas de Guayana, cuyos niveles de contaminación actual no son comparables a los que tenían cuando las compañías producían al máximo, pero siguen presentes.
El diputado José Márquez informó que el punto de partida para la comisión es investigar -en alianza con especialistas científicos-, el impacto sobre la salud pública que tienen las emisiones de óxido de aluminio provenientes de Bauxilum.
Además reportó que este martes 20 de septiembre solicitará ante el CLEB la conformación de una comisión ambiental permanente. “Esto no es un capricho, es un tema de salud pública”, dijo.
Un riesgo para la comunidad y trabajadores
Desde el 5 de septiembre, una fuga de alúmina calcinada (óxido de aluminio) producto de la avería de los filtros del calcinador 102 de CVG Bauxilum arropó a más de siete sectores de Puerto Ordaz.
Los habitantes de las zonas afectadas comenzaron a reportar desde entonces alergias, irritación en la piel y tos frecuente por la exposición continua al material. En paralelo, personas con asma, hipertensión arterial pulmonar (HAP) y post -COVID-19 reportaron que sus síntomas se agravaron, y lo atribuyen a la inhalación del polvo blanco.
Silvano Moreno, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alúmina, precisó que la razón por la que la producción no se detuvo pese al estado del calcinador, es que deben seguir alimentando las celdas de CVG Venalum.
Moreno aseguró la semana pasada que el filtro fue reparado, pero que las emisiones de óxido de aluminio continúan porque el material está muy fino al no permanecer el tiempo suficiente en los tanques de precipitación, esto último por la premura en la entrega del pedido a Venalum.
Las irregularidades en la producción actual de CVG Bauxilum tienen más incógnitas que certezas, por la opacidad de la administración de la estatal y demás órganos competentes.
Esto impide determinar con precisión la concentración actual de óxido de aluminio a la que trabajadores y población están siendo expuestos y el porqué el material continúa fugándose.
El panorama también es grave para los trabajadores de la planta, pues son quienes están más expuestos a las emisiones y enfrentan la contingencia con implementos mínimos de seguridad.
Aunque el artículo 18 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) establece que es obligación del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) ejercer las funciones de inspección de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como desarrollar investigaciones en conjunto con organismos científicos y técnicos públicos o privados, y mantener activo y actualizado el sistema de vigilancia epidemiológica en coordinación con el Ministerio de Salud, el directivo de Inpsasel evade su responsabilidad de velar por los empleados expuestos a las emisiones de óxido de aluminio, alegando que el asunto está en manos de organizaciones ambientales.
“No son las condiciones ideales para los trabajadores, pero es un proceso productivo que tienen allí y no podían parar las operaciones”, se limitó a decir en entrevista con Correo del Caroní.
El artículo 53 de la misma ley también establece que los trabajadores no pueden ser sometidos a condiciones de trabajo riesgosas o insalubres. Y el artículo 62 establece que debe haber un control de condiciones inseguras.
“Por ejemplo, en contingencias como estas el trabajador tiene que estar protegido especialmente. Y que los trabajadores no cuenten con esto es muy grave”, explicó Aliana Estrada, especialista en seguridad laboral.
“Las mesas técnicas deben montarse para este caso, involucrando a todos los entes que ahí pudieran dar una opinión referente a eso. Evidentemente hay una negligencia de la empresa, y ahora Inpsasel pone la guinda a la torta”, agregó.
El artículo 32 de la Norma Técnica del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de Inpsasel establece que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de todas las empresas (en este caso, Bauxilum) debe realizar evaluaciones de salud especiales a los trabajadores cuando se presente una contingencia que pueda generar daños a las personas expuestas, como, por ejemplo, las emisiones de alúmina calcinada.
Pero ¿cuánta concentración de óxido de aluminio están inhalando los trabajadores de la planta desde que iniciaron las emisiones? ¿Cómo está afectando su salud? ¿Qué consecuencias habrá a largo plazo? Son preguntas que hasta el momento no ha respondido ningún órgano o autoridad competente en la materia.
¿Una sustancia peligrosa?
El óxido de aluminio no es considerado una sustancia peligrosa ni tóxica. Pero la exposición prolongada al material puede generar desde tos e irritación, hasta neumonitis química y otros efectos sobre el sistema respiratorio y neurológico, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y neumonólogos consultados por Correo del Caroní.
La alúmina calcinada también contiene sílice, que tampoco se considera una sustancia peligrosa, pero la inhalación prolongada, intensa o en grandes cantidades puede provocar fibrosis pulmonar (silicosis).
Las partículas de óxido de aluminio se consideran partículas en suspensión, es decir, pequeñas. Mientras más pequeñas son, más fácil entran a los alveolos pulmonares.
“Los efectos de estas emisiones -si continúan- no los veremos de inmediato, los veremos a largo plazo. Y puede ser irreversible para aquellos que están más expuestos”, dijo Hugo Lezama, presidente del Colegio de Médicos del estado Bolívar.
