Representantes de distintos gremios en la región rechazaron la decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de declarar inadmisible el recurso contencioso de nulidad y amparo cautelar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, por considerar que éste es inexistente.
El presidente del Colegio de Enfermeros (as) del Estado Carabobo, Julio Garcia, calificó la posición del máximo tribunal de la república, como una aberración social y jurídica, aislada de la justicia social.
García dijo que no se puede señalar a estas alturas que el instructivo es inexistente, cuando en la práctica los trabajadores de la administración pública han sentido el efecto de su aplicación.
Apuntó que cualquier trabajador público puede dar fe de cómo fueron menoscabados sus derechos con la aplicación de este instructivo. Citó su caso, que recibe prima de doctor, por tener esa categoría, y desde marzo recibe 20 por ciento menos del pago correspondiente.
“Si el TSJ dice que no existe el instructivo, que el gobierno empiece a pagar lo que debe, pues desde hace cinco meses se viene aplicando. Y por eso es que los trabajadores nos mantenemos movilizados”.
Pedro Ulacio, presidente de la Asociación de Empleados de la UC, consideró que la posición del TSJ representa una excusa más por parte del Ejecutivo para no reconocer el incumplimiento del contrato colectivo de las diferentes casas de estudios superiores.
A su modo de ver, la decisión deja una gran expectativa, pues ahora se desconoce quién es el culpable de que no se esté cancelando al personal de las universidades lo establecido en la cuarta convención colectiva.
Ulacio adelantó que sostendrán un encuentro con representantes de las demás universidades, por cuanto esto constituye una gran falta de respeto al sector.
Igualmente manifestó que la decisión del TSJ, de multar a quienes presentaron el recurso de amparo, basado en el hecho de que supuestamente el instructivo no existe, representa una ofensa para los trabajadores. “No sabemos ahora quién es el culpable de que los trabajadores pierdan más del 30 por ciento de sus ingresos y que no les paguen lo que les corresponde”.
Judermi García, secretaria general del Sindicato Unico de Empleados Públicos de la gobernación de Carabobo, manifestó que la decisión del TSJ se está analizando.
No obstante adelantó que se debe solicitar un recurso de reconsideración, porque en la decisión del TSJ se señala que el instructivo de la Onapre es inexistente. Y no se entiende cómo algo que no existe pudo haber causado un daño patrimonial a los trabajadores de la administración pública.
Ante este panorama, exigirán al gobernador Rafael Lacava que cancele los salarios de los trabajadores de acuerdo a las convenciones colectivas y las actas convenios firmadas, basado en el principio de progresividad de los beneficios laborales.
La dirigente sindical comentó que a pesar de que se debe hacer la solicitud de interpretación de la sentencia, cree que es una oportunidad para que los trabajadores recuperen los beneficios conculcados por el Estado, por los que han venido luchando todos estos años.
