Los diputados y exdiputados de Venezuela que conforman el Grupo de Boston expresaron este miércoles su apoyo al proceso de negociación entre el Gobierno del país caribeño y la Plataforma Unitaria de la oposición que se lleva a cabo en México.
«Reconocemos la hospitalidad de los Estados Unidos Mexicanos, de su pueblo y de su presidente Andrés Manuel López Obrador y el aporte del Reino de Noruega como facilitador, de la Federación de Rusia y el Reino de los Países Bajos como acompañantes, para ayudar a reunir a las partes en las negociaciones», indicó el grupo en un comunicado difundido por su equipo de prensa.
Igualmente, respaldaron la intención de las partes en la negociación de ampliar la consulta a todos los sectores del país para que la sociedad venezolana pueda presentar ideas y opciones para su consideración.
Además, plantearon la importancia de desarrollar el mecanismo de seguimiento para acompañar los resultados de las negociaciones y asegurar su éxito.
«Sugerimos a los negociadores que consideren establecer un proceso de reconciliación y diálogo nacional, con la participación de diversos sectores de Venezuela, para abordar los temas más trascendentes de la crisis política venezolana», agregaron.
Grupo variopinto
El Grupo de Boston se fundó en 2002, posterior al golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, y está conformado por diputados y exdiputados de Venezuela de distintas tendencias políticas y de los diferentes periodos legislativos, así como por especialistas y movimientos sociales de corrientes de pensamiento dispares.
La negociación entre la Plataforma Unitaria y el Gobierno, iniciada el pasado 13 de agosto en México, tendrá una nueva ronda entre el 24 y 27 de septiembre, según anunciaron las partes, que reiteraron que el proceso puede ser largo y complejo.
El pasado 13 de agosto, las partes firmaron un memorando de entendimiento en el que se destaca una agenda para discutir «derechos políticos para todos», garantías electorales y un cronograma para elecciones observables.
También abarca el levantamiento de sanciones, la renuncia de la violencia, la reparación de las víctimas, protección de la economía nacional, medidas de protección social, y garantías de implementación, seguimiento y verificación. EFE
