Por Redacción @cronicauno
Los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas, presentados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU este lunes 26 de septiembre, revelan detalles de cómo actúan los grupos criminales que tienen –con complicidad de las autoridades– el control de las minas del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar.
De acuerdo con el informe “los grupos armados criminales que operan en el Arco Minero y en diversas zonas mineras del estado de Bolívar han instaurado un férreo régimen disciplinario hacia las poblaciones locales como parte de su política de control”.
El control, señala la Misión, lo logran “a través del miedo, estos grupos imponen una serie de reglas de convivencia que incluyen castigos severos y violentos en contra de la población civil que trabaja en las áreas mineras bajo su influencia”
En entrevistas con las víctimas los investigadores de las Naciones Unidas confirmaron que “a las mujeres les rapan la cabeza, dan golpizas públicas y latigazos a hombres y mujeres” y también confirmaron “la mutilación de partes del cuerpo; desapariciones; descuartizamientos y otras formas violentas de ejecución. Los castigos que se imponen son muchas veces proporcionales al tipo de ‘desobediencia’ a la regla impuesta por el grupo armado que opera en la zona”.
Entre las “faltas” que llevan a “imposición de castigos” en el informe destacan: la falta de pago de la cuota de extorsión o vacuna que los “sindicatos” exigen a las personas que trabajan en la mina o en los comercios locales para permitirles llevar a cabo sus actividades.
La Misión obtuvo un testimonio de un hombre que estuvo trabajando en la mina Los Caballos, municipio de Sifontes entre 2002 y 2021. Según el testigo, el “sindicato” que controlaba dicha mina cuando él trabajaba en la misma, habitualmente exigía el pago de una cuota a la población para poder establecer sus negocios en la mina.
Según el mismo testigo, con una frecuencia de dos o tres veces al mes, los miembros del “sindicato” de los grupos criminales que controlan el Arco Minero organizaban reuniones con la población minera, en las que le cortaban la mano o el pie a personas que no pagaban sus cuotas.
Al respecto, otro testigo dijo que “cuando los comerciantes deciden alzar la voz para defender sus derechos, son silenciados” .
En el interior de las minas, los “sindicatos” aplican castigos por robos de pequeñas cantidades de oro, teléfonos celulares u otros insumos, así como por el incumplimiento de las normas impuestas por ellos mismos.
Otros dos testigos le indicaron a la Misión que es frecuente ver, en las minas controladas por “sindicatos”, que las personas señaladas por robos reciben castigos consistentes en disparos en distintas partes del cuerpo, o que son mutiladas, tanto en las manos como en los pies .
En otras ocasiones, las personas que son sospechosas de robo son ejecutadas en público, a través de métodos particularmente violentos como decapitación o descuartizamiento .
Un minero que trabajó en una mina controlada por un “sindicato” explicó las dinámicas de control y castigos en los términos siguientes:
“Yo tenía que pagar una cantidad de oro a ellos [miembros del “sindicato”] para poder trabajar en la mina Los Caballos. Cada cierto tiempo, ellos organizaban reuniones con todos los mineros, incluyendo entre 60, 80 o 100 mineros… Esas reuniones llegaban a estar controladas por unos 60 hombres armados. Y ahí, preguntaban las razones por las que los mineros no pagaban, y entonces empezaban a abusar. Al que no pagaba, le ponían [la mano] en un troncón y ponían a alguien con un machete, encapuchado. Ponían a pasear a hombres con machetes entre los mineros”.
Sin clemencia y con mucha crueldad
En un caso concreto citado en el informe Misión, un muchacho llamado Manuel pidió clemencia, y como ya antes le habían dado una oportunidad, le dijeron “si no pones la mano en el troncón, yo te voy a poner una [pistola] 9 milímetros en la cabeza”. Manuel puso la mano y le cortaron la mano. Esto lo vi pasar cada dos o tres semanas. En un mes pudo pasar dos veces. En cada reunión, vi que cortaban los dedos o las manos de dos o tres personas”.
Según el mismo testigo citado por la Misión, él “no les vi[ó] matar a nadie directamente, pero cuando iban a matar a alguien, se lo llevaban a una parte aislada, y de ahí se escuchaban los disparos y, desde entonces, nadie podía llegar a ese sitio aislado por unas semanas”.
Distintos medios –señalan los investigadores de la ONU– han documentado también casos de amputaciones como forma de castigo cruel. En uno de los casos que han recibido atención mediática, en enero de 2019, Leocer José Lugo Maíz, un exsoldado de 19 años, sufrió la amputación de sus dos manos, de sus dos ojos y de parte de la lengua supuestamente a manos de miembros de un “sindicato” que lo señalaron por el robo de oro en campamentos minas en el sector minero de El Perú, en el municipio de El Callao.
Los casos de decapitaciones con un fin ejemplarizante han sido frecuentes en los enfrentamientos entre las bandas armadas”, indica el informe.
Recuerdan un caso sucedido en septiembre de 2021 en el municipio de El Callao donde dos cabezas (una de un hombre y otra de una mujer) aparecieron en la plaza El Jobo de la misma localidad .
Según una fuente de información, las dos personas habían sido decapitadas como forma de castigo, ya que la mujer delató que su pareja era miembro de un grupo armado.
Otra fuente de información le confirmó a la Misión que los residentes de El Callao no se sorprendieron mucho por estos hechos, ya que los asesinatos se habían vuelto una práctica habitual en la zona, como forma de castigo o advertencia por parte de los “sindicatos” o grupos criminales que controlan el Arco Minero.
Castigos según género
La Misión de determinación de los hechos confirmó que existen formas diferenciadas de castigo en razón del género. Por ejemplo, además de los castigos impuestos a hombres, las mujeres sufren algunos castigos particulares, tales como el rapado violento de cabello o la desfiguración del rostro.
Los expertos obtuvieron información de un caso en una mina cerca de El Dorado, parroquia Dalla Costa, municipio de Sifontes, en el que dos mujeres mineras fundieron oro junto con un candado con la intención de sacar el oro, a escondidas, de la mina. Al percatarse el “sindicato” de lo sucedido, las mujeres fueron sancionadas públicamente, dándoles latigazos con correas y rapándoles el cabello .
Un amplio prontuario
El informe de la Misión no solo contiene detalles cronológicos de las masacres y otros asesinatos registrados en el estado Bolívar. Sus páginas explican cómo a partir de la creación de este opera el pranato en estas zonas. A su vez, expone la colaboración del Estado en la dotación de armas y el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios militares y gubernamentales.
Sobre el pranato minero, la Misión destacó que “estos grupos criminales que controlan el Arco Minero están fuertemente armados. A menudo con armamento que supera al de las fuerzas de seguridad del Estado”.
“Una vez que han tomado control los grupos criminales, extorsiona y exigen a la población minera pagos o cuotas periódicas, generalmente en oro, a cambio de su supuesta protección frente a ataques de otros ‘sindicatos’ o grupos criminales. Si una persona minera se niega a pagar sus cuotas o ‘vacunas’ –como se conocen localmente– puede sufrir amenazas, castigos corporales y hasta la muerte”.
Los otros números del Arco Minero
- 6 posibles casos de desapariciones de personas.
- 107 presuntas violaciones por tortura y por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.
- 142 presuntas detenciones arbitrarias por agentes estatales.
- 155 posibles incidentes en esta área geográfica, de los cuales 108 ocurrieron en los municipios de El Callao, Sifontes, Piar y Roscio; mientras que 27 sucedieron en Gran Sabana.