El presidente Nicolás Maduro ordena a la Asamblea Nacional Constituyente y al Consejo Nacional Electoral definir la fecha de las elecciones presidenciales para presionar a la oposición a definir si participará o no en esos comicios y para obligarlos a firmar un acuerdo en República Dominicana que le favorezca al gobierno, al tiempo que amenaza que irá a los comicios presidenciales con o sin la oposición.

Una orden que no le corresponde, por cuanto sus competencias constitucionales consagradas en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela no lo permiten, por cuanto el máximo representante del Poder Ejecutivo Nacional no puede mandar a cumplir ninguna de sus tareas a funcionarios de otros poderes establecidos, pues en la Carta Magna de 1999 se incrementó el número de poderes públicos del Estado venezolano a cinco para fortalecer la democracia a través de su autonomía operacional y para garantizar que toda decisión emitida desde los poderes  Legislativo, Electoral, Judicial y Moral fuesen  dictadas según los fundamentos del Derecho y no de acuerdo con las decisiones emanadas desde el  Poder Ejecutivo, por cuanto  las mismas siempre se dan para favorecer al  partido político oficial y al mismo gobierno, sin considerar que esa actuación aniquila los principios democráticos al profanar el contenido de la Carta Fundamental  aún vigente.

Como primer mandatario de la nación, Nicolás Maduro sobresale por su forma autoritaria y anárquica de ejercer el gobierno. Su visión del poder no es democrática, sino autoritaria. Por ende, sobrepasa sus competencias constitucionales y ningún funcionario de los otros poderes, excepto la Asamblea Nacional,  ha podido o no ha querido  detenerlo  en sus decisiones arbitrarias y fuera de la norma constitucional.   Al contrario, los máximos representantes de los poderes electoral, judicial y moral pareciera que abonan el terreno jurídico para que continúe infringiendo el marco legal y  así abrogarle funciones fuera de la constitución que conlleven al establecimiento de un Estado socialista o comunista, al estilo de Cuba.  Prueba de eso, es que  convoco de manera ilegal a  la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en aras de contar con un parlamento aliado de sus pretensiones totalitarias y prestos a redactar el marco jurídico que institucionalice el Socialismo del Siglo XXI y entierre totalmente al Estado Federal Descentralizado, consagrado en el artículo cuatro de la Carta Fundamental venezolana.

Para lograrlo, no sólo ignora las competencias de la Asamblea Nacional elegida por voto universal el seis de diciembre de 2015, sino que se burla de sus miembros, cuya mayoría es opositora, al no presentar  ante el parlamento su memoria y cuenta  anual ni el presupuesto de la nación  para su aprobación o no. E igualmente, asfixia a la Asamblea Nacional y a sus congresistas  económicamente no transfiriendo las partidas económicas que les corresponde por ley para gastos de funcionamiento y pago de nóminas, entre otros.  Proceder mediante el cual el presidente Maduro expresa a los venezolanos y a los habitantes del mundo entero que hoy tienen su mirada sobre Venezuela, que él es quien manda aquí, que él es quien domina el territorio político nacional y que para él la ley es un parapeto que puede eliminarse si tropieza y estorba en el camino que debe recorrer para convertir a esta nación  en un Estado comunista.

Maduro no se detiene en sus pretensiones totalitarias y absolutistas. No le importa que en el ámbito internacional lo tilden de dictador ni que recientemente les endilgaran el calificativo de carnicero por la masacre  de Oscar Pérez y sus  aliados.  Se encuentra obcecado por  el poder y, por ende, no entiende ni ve que su gestión de gobierno está conduciendo al país hacia la hecatombe política, económica y social, gracias a la destrucción del aparato productivo nacional,  la falta de inversión extranjera, la inseguridad jurídica y las políticas públicas dictadas desde Miraflores de corte totalitario, lo cual ha originado hambre, miseria, bajos sueldos, desempleo, debido  al cierre del 80 por ciento de las empresas enclavadas en todo el territorio nacional.

Ante esa cruda realidad, al presidente únicamente le queda seguir apoyándose en el populismo y la demagogia para mantenerse en el poder.  Por eso,  entrega  bonos superiores al salario mínimo nominal a aquellas personas que tengan el carnet de la patria, mientras que muchos de los pensionados aún no han podido cobrar  el dinero de su pensión, porque no llega efectivo en los bancos ni tampoco se les dio el bono alimenticio propuesto por diputados de la Asamblea Nacional, mucho mayor que el llamado bono de guerra que el presidente designo a jubilados y pensionados, junto con la pensión del seguro social. Esos bonos para las mujeres embarazadas, además de las personas discapacitadas y pensionadas por los programas sociales del gobierno que cuenten con el carnet de la patria, son  equivalentes al salario integral decretado a partir del primero de enero de 2018. En tanto,  los trabajadores de la administración pública y privada seguirán percibiendo un salario real de 248 mil 510 bolívares mensuales, más los 549000 bolívares de cesta ticket, monto que frente a la hiperinflación  existente, apenas  alcanza para comprar un cartón de huevos y un tomate. Esto implica que deben revisarse  esos beneficios, con el objeto de que el gobierno no siga  maltratando el sueldo nominal de los trabajadores con el  otorgamiento de la cesta ticket con montos superiores a éste, pues  lo percibido por ese sistema alimentario no tiene incidencias en las vacaciones, utilidades y prestaciones sociales.

Los venezolanos que aún pernotan en este suelo no han visto ni verán el mar de la felicidad augurado por Hugo Chávez con la revolución bolivariana, pues este sistema de gobierno ha producido prácticamente la destrucción de todas los sectores  del quehacer humano, así como infinidades de desgracias humanas y materiales, hasta el punto de que por primera vez en la historia nacional, los habitantes de este país pierden mensualmente peso corporal por la falta de alimentos y un alto porcentaje de niños se encuentra desnutridos.  De acuerdo con datos aportados por la Fundación Caritas, 7 de cada 10 niños en las parroquias más pobres del país presentan síntomas de desnutrición por la mala alimentación que tienen. En 2016, esa población vulnerable representaba el 56 por  ciento en los estratos más pobres de la población. Porcentaje que en vez de disminuir se incrementó en 72 por ciento en lo que va de año, lo cual arroja que las políticas públicas en materia de salud, alimentación, empleo, seguridad social no son efectivas y tienden a convertir a las generaciones de relevo   en  cadáveres y personas taradas por la falta de comida balanceada y remedios para curar las distintas patologías originadas por el hambre y la miseria.

Realidad que al parecer desconoce tanto el presidente de la República, como los miembros de su gabinete y demás funcionarios  de los otros poderes, adheridos ideológicamente a las directrices del máximo jefe de Miraflores, quien en su afán de mantenerse en  el cargo que hoy ocupa, promete “prosperidad económica” si gana las elecciones y es reelegido como Jefe del Estado. Promesa  que jamás podrá cumplir mientras siga imponiendo  el Socialismo del Siglo XXI y continúe atacando, expropiando y confiscando a la empresa privada, por cuanto el Estado, entendido como la nación, los estados y los municipios, no produce bienes y  servicios ni tiene capacidad para emplear al 100 por ciento de la población económicamente activa, pues sus ingresos dependen de la renta petrolera, la cual cada día tiende a bajar ante las políticas del mundo petrolero. Los resultados de su gestión en cuatro años son catastróficos.  Aproximadamente 4 millones de venezolanos huyen del hambre, el desempleo, la miseria, la inseguridad y la hiperinflación existente en el país. Huyen porque lo único seguro que existe en el territorio de Simón Bolívar es la muerte por hambre, enfermedades y la delincuencia. Es una hecatombe social que al parecer no la sufre quienes están en las altas esferas del poder.




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