La oposición de Venezuela que lidera Juan Guaidó denunció este domingo el hacinamiento de las cárceles y en centros de detención preventiva del país, lo que supone «un claro ejemplo» de la crisis «que vive el sistema de Justicia», que -considera- requiere una reforma.
En la denuncia, hecha por la exdiputada Deyalitza Aray y difundida por el gabinete de comunicación de Guaidó, se critica también el «retardo procesal» y la falta de garantías en el sistema judicial.
«Tenemos que seguir luchando para lograr el sistema de reforma que merece el país, con respeto al debido proceso, eliminar el retardo procesal y dar liberad a los reclusos con la debida clasificación», manifestó la exlegisladora, según la nota de la oposición, que no detalló el foro en el que se expresó Aray.
El pasado mes de junio, el presidente del Gobierno, Nicolás Maduro, anunció la creación de una comisión, presidida por el considerado como número dos del chavismo y diputado, Diosdado Cabello, para hacer una «revolución judicial» en un lapso de 60 días.
La comisión debería solucionar, según el mandatario, en un plazo de dos meses, el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los reclusos de estos centros a las cárceles.
Según estimaciones de varias ONG, del total de la población carcelaria de entre 80.000 y 100.000 reos, aproximadamente, la mitad se encuentran en centros de detención preventiva, lugares que solo son adecuados para albergar a un preso durante 48 horas.
La otra mitad se encuentra en las cárceles, con capacidad para 30.000 reclusos, de acuerdo a información brindada por diversas organizaciones.
Cuando han transcurrido más de 4 meses desde el anuncio del Gobierno, la oposición y las ONG dedicadas a los derechos humanos de los presidiarios aseguran que no se ha resuelto el problema y que el hacinamiento continúa siendo uno de los mayores problemas en los centros de reclusión.
