María Alejandra Martínez lo dejó todo por su hermano. Renunció a su trabajo como maestra y solo se dedica a cumplir con las gestiones necesarias para que se desarrolle el proceso judicial en contra de su familiar, que ya tiene dos años enfrentando un severo retardo procesal y se mantiene recluido en un calabozo de la subdelegación Plaza de Toros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc).
Son alrededor de 80 personas las que están hacinadas en un espacio con una capacidad para 40. Es una situación que se ha traducido en enfermedades como escabiosis, diferentes virus y la muerte de nueve presos en los últimos dos años, “no nos dijeron las causas, pero se presume que tenían tuberculosis”.
Hasta ahora, no han recibido ni la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y no les permiten atención médica oportuna. “Yo prácticamente lo automedico. Le dio una lechina muy fuerte, después una afección estomacal y ahora no sale de una tos”, detalló Leynis Sanabria, quien también tiene un familiar en el lugar.
En diferentes oportunidades han llevado al hermano de María Alejandra a tribunales, pero nunca se le ha celebrado la audiencia de juicio porque siempre es diferida. A veces por la ausencia del fiscal, del juez, el psicólogo, o porque alguno llega tarde a la cita.
Y eso no es todo. Entre un diferimiento y la nueva fecha pautada deben esperar entre uno y cuatro meses. “Y nosotros sabemos que en la más reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) se establece que no pueden pasar más de ocho días entre una audiencia y otra”.
Se trata de un drama que viven alrededor de 80 reclusos que están en el Cicpc, un centro de detención preventiva, al ser acusados por delitos asociados a violencia y abuso contra la mujer.
Sus familiares no piden que les den la libertad, solo que se cumpla todo lo establecido en la ley y que se celebren los juicios, y esa petición fue llevada la mañana de este miércoles a la sede del Ministerio Público.
Precariedades en la cárcel y en la casa
María Alejandra no solo se encarga de defender los derechos de su hermano. Ella también debe preparar y llevarle la comida agua y todo lo que necesite a Plaza de Toros. Vive en La Bocaina, al sur de Valencia, y camina una hora y media para cumplir con el recorrido en la mañana y en la tarde.
Como ya no trabaja, se dedica a vender cualquier cosa para su sustento, y sus otros hermanos la ayudan económicamente.
Elsy Roldón es madre de otro privado de libertad, Vive en la carretera vieja de Tocuyito y debe abordar cuatro unidades de transporte público al día para llevarle comida. “Lo más fuerte es el pasaje. Se gasta mucho y a veces no tenemos.
En el caso de su hijo, cuando ya estaban por la octava audiencia de juicio, la fiscal se fue de vacaciones y, al regresar, dijo que había que comenzar todo el proceso desde cero y aún no fijan la fija para el primer encuentro.
Sus familiares son de algunos que reciben comida. Hay otros que no cuentan con ese privilegio. “Yo mando siempre dos arepas extras para que mi hermano la comparta con quienes no tienen nada ahí adentro”, dijo Leynis Sanabria.
Y aunque sea muy difícil, Elsy va a diario a llevar lo que pueda a su hijo. “Si lo dejamos solo cae en depresión, hay quienes mueren por eso… Hace 21 días falleció uno porque sus familiares lo dejaron ahí por no tener recursos”.
