Para que los funcionarios que ejercen cargos de alto nivel en los órganos y entes del poder público nacional, estadal y municipal hasta hoy pueden actualizar la Declaración Jurada de Patrimonio ante la Contraloría General de la República.
Quienes incumplan con esta obligación serán sancionados con multas de 50 a 500 unidades tributarias, de acuerdo a lo que establece el artículo 33 de la Ley Contra la Corrupción.
En este proceso deben participar los funcionarios que ocupen cargos de gobernador, secretarios de gobierno y directores del tren ejecutivo; legisladores del Consejo Legislativo, procurador del estado y directores generales; juez rector, presidente del circuito judicial penal de cada estado, junta directiva del Consejo Nacional Electoral, defensor del Pueblo y director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo.
También deben cumplir con este requisito los alcaldes, concejales; los contralores estadales y municipales, así como funcionarios con altos cargos, entre ellos los síndicos procuradores municipales, los rectores, vicerrectores y secretarios de universidades públicas, los registradores y notarios, la junta directiva de institutos autónomos, las corporaciones y fundaciones del Estado.
La declaración debe contener una relación detallada de los activos y pasivos del declarante y su grupo familiar.
