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La búsqueda de un gobierno más eficiente es la razón que para Héctor Rodríguez valida las nuevas atribuciones que el día de ayer se le otorgaron al vicepresidente de la República Tareck El Aissami.

El jefe de la bancada oficialista recordó que las acciones tomadas por Nicolás Maduro no son nuevas, si no que han sido un trabajo realizado desde hace tiempo con la figura del vicepresidente y que se encuentra prescrito en la Constitución, según lo que informó en una entrevista transmitida por Unión Radio.

En ningún momento emitió una crítica ante la decisión, más bien mostró su respaldo total, puesto que para el diputado, toda decisión tomada por Maduro es para el bien del pueblo.

Algunas de las atribuciones son la emisión decretos mediante los cuales se efectúen traspasos presupuestarios de los Ministerios del Poder Popular, nombrar a viceministros, presidentes y miembros de juntas directivas de los entes descentralizados.

Tendrá la facultad de autorizar la creación, modificación, supresión o liquidación de esos entes descentralizados y la transferencia de las acciones de las empresas públicas nacionales; aprobar o negar la presentación de puntos de informes de los ministros, además de autorizar la adquisición de divisas para los ministerios.

Asimismo, podrá dictar decretos de expropiación o adquisición forzosa, con previa instrucción del presidente, y declarar “la insubsistencia a los presupuesto de egresos de los ministerios del poder popular”, así como aprobar o negar los puntos de cuentas de los presupuestos de los entes descentralizados.

El vicepresidente ahora será el encargado de firmar y aprobar los actos para el otorgamiento de jubilaciones especiales a funcionarios de la administración pública y, además, contará con la potestad de exonerar total o parcialmente el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

Otras actividades que delega el presidente Maduro en El Aissami son la rectificación a los presupuestos de egresos de los ministerios, el otorgamiento de prórrogas para la supresión o liquidación de órganos o entes de la administración pública y su actuación como miembro o presidente de órganos colegiados.

 




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