@oscarabp
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“Tengo la conciencia tranquila, sé que no hemos hecho nada malo”, fueron las primeras palabras de Georgina Pérez, hija del político exiliado Óscar Pérez y coordinadora de la ONG Unión Venezolana en Perú, quien fue arrestada el viernes en Maiquetía junto a otras personas cuando viajarían a Perú con 120 niños que se reencontrarían con sus padres.

Además de la joven de 21 años quedaron en libertad su madre Martha Pérez y los voluntarios de la ONG, Meudys Bolívar y José Miguel Román. Todos bajo régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.

A su salida del Circuito Penal del estado Vargas, dijo al canal de noticias VPI que se niega a pensar que el arresto se produjo por razones políticas.

Marta Molina, esposa de Óscar Perez, afirmó que la situación vivida en los últimos días fue difícil pero gracias a los abogados lograron quedar en libertad con régimen de presentación.

Ni pie ni cabeza

Para Meudys Bolívar, voluntaria de la ONG Unión Venezolana en Perú, fue un milagro haber quedado en libertad a pesar de los delitos que les imputaron el sábado en la noche. Señaló que los cargos en su contra no tenían ni pie ni cabeza.

Bolívar reiteró que ayudar a los padres y a los niños a reencontrarse en Perú es la motivación de la organización. “No había argumentos para que nos mantuvieran detenidos”, dijo.

José Miguel Román, otro voluntario, calificó como una locura lo ocurrido durante este fin de semana donde las autoridades venezolanas no permitieron que los pequeños salieran del país y anularon sus pasaportes. Añadió que el Ministerio Público intentó dañarlos.

Fiscalía

Juan González, uno de los abogados, contó que a sus defendidos pretendían privarlos de libertad por trata de personas y asociación para delinquir. La Fiscalía habría pedido que les impusieran arresto domiciliario y prohibición de salida del país, pero el juez terminó acordando la presentación ante tribunales cada 15 días y la prohibición de salida del país.

González detalló que durante la audiencia, la Fiscalía leyó el artículo 41 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ante de la duda de las razones por las cuales los niños viajaban a Perú, especuló que los menores serían sacados del país para ser explotados sexualmente o someterlos a esclavitud, pero la defensa logró rebatir esos argumentos.

La libertad bajo medidas cautelares fue emitida por el juez, que determinó que los acusados no están incursos en los delitos que imputó el Ministerio Público como trata de personas, forjamiento de documentos y asociación para delinquir.

A su parecer, la investigación sobre el caso se extenderá hacia familiares de los niños y esto podría traer consecuencias jurídico-penales contra más personas por el presunto forjamiento de documentos falsos para que los niños salieran del país.




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