Con la muerte del bebé Yaelvis Santoyo Sarabia, de un año y cuatro meses de edad, quedaron nuevamente al desnudo las políticas represivas del Gobierno de Trinidad y Tobago para atender a los migrantes venezolanos, principalmente los que se encuentran en situación irregular.
Según Acnur, en enero de 2022, se contaban 18 mil 694 connacionales registrados en la isla, unos 15 mil 413 solicitantes de asilo y 3 mil 182 refugiados. Se trata de 86,5% de todo el universo de migrantes que suman 21 mil 611 en total.
La historia del bebé Yaelvis es una de las tantas caras de la migración venezolana. En este caso, el de una reunificación familiar frustrada por las políticas represivas trinitarias y la precariedad de los que huyen por las fronteras.
La alerta provino de la cuenta Twitter del abogado Orlando Moreno, el sábado 5 de febrero. Una embarcación, en este caso un peñero, terminó tiroteado por guardacostas de Trinidad y Tobago. El resultado: la madre herida y su hijo, de un año y cuatro meses de edad, fallecido.
Las detenciones y deportaciones de adultos y menores de edad venezolanos no son nuevas en Trinidad y Tobago, pero sí altamente criticadas por agencias internacionales dedicadas a la niñez, derechos humanos, migraciones y refugiados. El último gran incidente se registró el 22 de noviembre de 2020, cuando 16 niños resultaron devueltos prácticamente solos desde ese país a costas venezolanas, tras quedar interceptados y detenidos por la Guardia Costera.
En ese momento, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) recordaron al gobierno de Keith Rowley que las políticas para prevenir el aumento de casos de COVID-19 no eran excusa para realizar acciones “que violan el derecho internacional”.
Uno de los tantos migrantes venezolanos contabilizados es Yermi Santoyo, de 28 años y padre de Yaelvis, quien se encontraba en ese país junto a varios miembros de la familia de su esposa. Este año, la mandó a buscar junto a sus dos hijos, luego de tener un mínimo de estabilidad como él mismo ha reconocido en entrevistas, para mantenerlos en la isla.
Ahora se debate entre quedarse en Trinidad o regresar a Venezuela. “Yo me vine para asegurarle un futuro a mis hijos. Y mira lo que nos pasó”, dijo.
Migrantes expulsados Trinidad y Tobago
Desde el 17 de junio de 2019, los venezolanos necesitan un visado para entrar en Trinidad y Tobago. Este requisito pone trabas a los migrantes, especialmente los de menores recursos, quienes se ven obligados a navegar por rutas inseguras e informales.
Mayday Confavidt, una organización creada por familiares de migrantes desaparecidos, contabiliza 139 personas extraviadas en naufragios en las costas venezolanas. 2019 fue el annus horribilis cuando se registraron casi 100 personas desaparecidas.
Los naufragios y detención de embarcaciones continuaron en 2020 y 2021. Entre el 24 y 25 de abril del año pasado se registró la zozobra de una embarcación. Tres venezolanos fallecieron.
En diciembre desaparecieron al menos 10 personas a bordo del bote Amiyah, entre ellas una niña de tres años, que salió de la población de Chaguaramas (Trinidad) con destino a las costas de Güiria, en un recorrido de más de 80 kilómetros. Ese mismo mes terminaron detenidos y deportados cuatro venezolanos, dos menores de edad, cuando trataron ingresar a ese país de forma irregular.
“El establecimiento de vías regulares y seguras, a través de visados humanitarios y la reunificación familiar, así como la implementación de sistemas de ingresos sensibles a la protección y mecanismos de recepción adecuados, pueden prevenir el uso de rutas irregulares, el contrabando y la trata”, dijo en ese entonces Eduardo Stein, enviado conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur.
Pero las recomendaciones de organizaciones internacionales han quedado olvidadas por las autoridades trinitenses. Para Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, esta acción forma parte de un “patrón sistemático de criminalización, xenofobia y persecución del migrante venezolano”.
Desde Cecodap recuerdan que las autoridades trinitenses han puesto en riesgo no solo a niños sino a adultos al someterlos a acciones que atentan contra su vida y derechos fundamentales.
El “incidente”
La Guardia Costera de Trinidad y Tobago, en un comunicado, aseveró que el TTS Scarborough detectó una embarcación que cruzaba aguas desde Venezuela hacia la costa sur de ese país. Se dieron varias voces de alto y advertencias antes de proceder a disparar contra la embarcación que transportaba a los venezolanos que, supuestamente, intentaba embestir y evadir su captura.
Pero los abogados Criston Williams y Siddiq Manzano dijeron al diario Newsday que después de entrevistar a tres de los migrantes que viajaban en el barco, hubo diferencias clave en su versión de los hechos y el informe de la Guardia Costera.
Manzano dijo que los migrantes negaron haber intentado embestir a uno de los botes de la Guardia Costera y afirmaron que un motor defectuoso les impidió intentar escapar. Tampoco escucharon bocinas o megáfonos. Solo vieron las bengalas, una apuntada al cielo y otra al bote y, posteriormente, escucharon la ráfaga de disparos.
La migración no es un delito y no se puede criminalizar, afirma Carlos Trapani, quien además recuerda que el uso de fuerzas policiales o militares en el control de fronteras, no especializados en el trato de migrantes, ocasiona este tipo de hechos.
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