El presidente interino Juan Guaidó acaba de convocar al liderazgo de los partidos de oposición –los de mayor peso específico y más deslindados del régimen, valga decir- a negociar y acordar una hoja de ruta para salir de la dictadura. Los puntos que conforman el plan de Guaidó distan un poco del mantra aquel de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pero contienen varias estrategias que parecen ir en una dirección similar. Con el agregado de que no son objetivos generales, sino más bien acciones que –una parte de ellas, al menos- están más cerca de la capacidad de ejecución propia que del puro enunciado de lo que se desea.

Guaidó llama a rechazar y desconocer el fraude parlamentario que se viene con las elecciones anunciadas por el régimen, lo cual, a juzgar por la gran mayoría política y ciudadana que parece inclinarse a favor de la abstención, es casi un hecho consumado. Luego, plantea que se convoque al país a expresar su voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana; en otras palabras, y sin hilar muy fino, podría interpretarse como la recuperación del derecho a elecciones libres y sin trampas. En su tercer punto, propone activar una “agenda de acción y movilización nacional e internacional para lograr la actuación necesaria de la fuerza armada nacional, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros aliados”. Y finalmente termina su corto discurso con un enérgico “que caiga la dictadura”, que puede tomarse como un llamado al cese de la usurpación.

La iniciativa de promover una estrategia común e involucrar a los líderes políticos desde el inicio parece la mejor opción posible en estos tiempos de apatía, desesperanza, pandemias y pobreza extrema. Lo otro sería continuar la inercia hasta el 6D para encontrarse con una Asamblea Nacional electa con votos inventados y sin una jugada unitaria de respuesta. Aunque bastante disminuida en auctoritas e influencia, la figura del presidente interino -constitucional y electo por votación popular- sigue siendo la única con la suficiente capacidad de convocatoria para pasar la pelota a la cancha de sus colegas y esperar una respuesta en el corto plazo. Ya contestaron, de volea, dos de los invitados: María Corina Machado con “una reiterada propuesta de conformar una coalición internacional que despliegue una operación de paz y estabilización en Venezuela”, y Antonio Ledezma recordando el mantra. Los demás partidos se han manifestado de una u otra manera con una posición favorable a acordar una hoja de ruta, a lo que uno agrega que mucho más viable y productivo es negociar entre opositores que tratar de sacarle alguna concesión al chavismo.

Por supuesto, la propuesta de Guaidó no tiene nada de fácil. Cuando habla de “reactivar la esperanza y movilización del pueblo” no se trata de sacar a la calle a cientos de miles de opositores llenos de energía y optimismo, sino de motivar a una sociedad opuesta el régimen pero muy disminuida en militancia, voluntad de lucha y confianza en los políticos de la oposición (sin hablar del riesgo del Covid19). Por su parte, el otro componente crítico de la hoja de ruta, la actuación constitucional de la fuerza armada, apunta como objetivo a una milicia corrompida, cómplice de la dictadura y dirigida por los peores. Y la intervención internacional tiene el ingrediente nada despreciable de que depende exclusivamente de otros, que están fuera de las fronteras y tienen sus propios y muy graves problemas.

Hay que admitir que recuperar la democracia no es solo un asunto de planes y mapas; es mucho más que eso. La hoja de ruta es solo el primer paso, y de nada sirve montar una oferta si después no se puede entregar. Para cada fraude del régimen tiene que haber una o varias acciones preparadas que estén al alcance de lo posible; al final, y como siempre, la ejecución tendrá mucho más impacto que lo que se escriba en el papel.




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