La Casa Blanca ha amenazado a Venezuela con imponerle  sanciones, si pone en ejecución su proyecto de una nueva asamblea constituyente, lo que podría hacerse efectivo con sanciones a la industria petrolera, que realiza más de 92% de las exportaciones del país, entre las que podrían incluir: sanciones financieras a PDVSA y otras empresas que operan en el país, limitaciones a firmas estadounidenses de hacer negocios con PDVSA, la prohibición de la exportación de crudo liviano y productos de Estados Unidos a Venezuela.

El experto Francisco Monaldi, ha hecho un análisis en su blog , reproducido por Prodavinci, en el que afirma que las sanciones financieras inhabilitarían el uso del sistema de pagos estadounidense por parte de las empresas petroleras venezolanas y, por tanto, les impedirían realizar transacciones en dólares, la moneda en que se cotiza el petróleo.

“Esta prohibición-escribe- tendría serias consecuencias para PDVSA y posiblemente para las empresas mixtas y empresas de servicio que operan en el país. Estados Unidos impuso sanciones similares a Irán y se argumenta que fueron una de las principales causas de la importante caída en las exportaciones de petróleo de ese país, forzándolo a sentarse en la mesa de negociaciones. Si bien PDVSA y sus filiales ya tienen problemas para usar el sistema bancario estadounidense, porque las instituciones financieras de ese país han sido crecientemente reacias a trabajar con la empresa, esta sanción obstaculizaría mucho más las operaciones financieras regulares de la estatal, afectando sus ventas, compras y contrataciones”.

Los Estados Unidos exportan entre 100.000 y 200.000 barriles diarios (bpd) a Venezuela en productos y crudo ligero, e importa de Venezuela unos 750.000 bpd, fundamentalmente de crudo pesado. Prohibir las exportaciones estadounidenses a Venezuela, forzaría a PDVSA a importar productos refinados, a mayor costo, de Europa y Asia, y afectaría los diluyentes requeridos para exportar entre 200.000 y 300.000 bpd de crudo extrapesado. Posiblemente esa producción de extrapesados dejaría de ser rentable con diluyentes más costosos provenientes de África y Europa.”

Monaldi considera que prohibir las importaciones a Estados Unidos, desde Venezuela, podría tener múltiples efectos. Recuerda que ell principal comprador de petróleo venezolano es CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos, que se vería afectada en dos de sus refinerías en la Costa del Golfo de México, Lake Charles y Corpus Christi, que refinan unos 550.000 bpd, de los cuales alrededor de un tercio viene de Venezuela. Otras compañías afectadas serían Valero, Phillips 66 y Chevron que importan la mayor parte del crudo que no importa CITGO. Los Estados Unidos tendrían algunas dificultades obteniendo crudo pesado en el hemisferio. México y Colombia pueden redirigir algunas de sus ventas asiáticas a los EEUU, pero no sería suficiente. Canadá incrementaría sus exportaciones, pero problemas de transporte hacia el Golfo de México limitan esta opción. Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico serían necesarios para cubrir parte del crudo pesado importado. Al final, el costo de las importaciones probablemente crecería ligeramente, pero la oferta necesaria llegaría sin problemas. De hecho, los inventarios de petróleo están por encima del promedio, así que el ajuste no sería muy traumático.

MAS PROBLEMAS

Por otra parte ,Venezuela tendrá más problemas encontrando compradores para refinar todo ese petróleo pesado. Eventualmente es probable que venda una buena porción de lo que exportaba a Estados Unidos en Asia, donde hay cierta capacidad de procesar crudos pesados. Pero tendría que venderlo con un descuento importante. Si lo vende a China, es posible que termine amortizando deuda, por lo que tratará de venderlo a India, pero tendrá que ofrecer condiciones muy favorables para competir con el petróleo pesado del Golfo Pérsico. El margen de ganancia será aún menor por los mayores costos de transporte.

El analista argumenta  que la prohibición de hacer negocios con PDVSA afectaría a las empresas estadounidenses que operan en el país como Chevron y empresas de servicios como Halliburton y Weatherford. Hasta cierto punto, es posible sustituir a esas empresas, pero a un muy alto costo para el futuro de la industria petrolera venezolana.

En este momento PDVSA depende del mercado estadounidense para su flujo de caja. De los aproximadamente 2,1 millones de bpd que produce, unos 500.000 bpd van a pérdida en el mercado interno, 500.000-650.000 bpd van a pago de deudas con China, Rusia y socios de las empresas mixtas, cerca de 100 mil bpd son todavía enviados con subsidios y financiados a Cuba y PetroCaribe. De manera que solo unos 800.000 bpd generan caja, que en su mayoría van al mercado estadounidense. Por tanto, aún en el mejor escenario, por algún tiempo, el flujo de caja se vería dramáticamente afectado.

Se estima que las dos sanciones que se están considerando seriamente son las financieras y la prohibición de importaciones de crudo venezolano. La primera es la más probable de acuerdo con la agencia internacional de noticias Reuters. La combinación de ambos tipos de sanciones podría ser brutal para una PDVSA con severas limitaciones de flujo de caja, probablemente forzándola a un default financiero. En general, la caída en la producción venezolana se intensificaría significativamente, y la recuperación de producción petrolera en el futuro sería incluso más difícil. Se proyectaba que la producción podría caer este año en unos 200.000 bpd. Si se imponen las sanciones, la caída podría ser del doble o más.

Francisco Monaldi llega a la conclusión que la imposición de sanciones, sería desastrosa para PDVSA y para el país, que provocaría un colapso de la industria petrolera venezolana que ya está en una situación muy precaria. La cesación de pagos de la deuda externa, sin una renegociación ordenada, tendría efectos aún más devastadores. Se traducirían en una recesión aún más profunda, en una mayor caída del consumo y en una escalada inflacionaria y de la depreciación del tipo de cambio. “Desde hace mucho se ha hablado de la posible imposición de sanciones petroleras, pero nunca se han materializado. El gobierno venezolano de tanto escuchar que venía el lobo parece subestimar los riesgos de que ocurra. ¿Será que ahora sí llegó el lobo?,se pregunta Francisco  Monaldi, profesor-investigador del Instituto Baker para las Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston y Director Fundador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA en Caracas

POSIBLES SANCIONES

Los analistas Alejandro Grisanti y Gorka Lalaguna explican sobre este mismo tema quIene existe una amplia diversidad de sanciones impuestas por EE.UU. a diferentes países. Ponen como ejemplo los casos de Irán , como referencia principal para estimar el potencial alcance de las sanciones, su contenido y el impacto que podrían tener sobre la dinámica económica venezolana.

“Cuando hablamos de posibles sanciones a Venezuela-afirman- a la mayoría de la opinión pública se le viene a la cabeza algún tipo de restricción comercial sobre la compra/venta de crudo, descuidando que, por ejemplo, para el caso iraní, otro tipo de sanciones jugaron un papel fundamental, en particular, las restricciones al sistema financiero y al uso de los recursos, así como restricciones especiales sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) iraníes y la policía nacional. Luego de la aplicación de este tipo de sanciones, el gobierno iraní se sentó en la mesa de negociación.

La coalición EE.UU.-Europa logró limitar la venta de petróleo iraní a tan sólo seis destinos (China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía) reduciendo, e incluso congelando el volumen agregado de ventas hacia los mismos. Es claro que, para este caso, EE.UU. utilizó todo el poder inherente a ser la principal economía del mundo, para que Irán no evadiera las sanciones vendiendo petróleo en otras latitudes. Es decir, aliados naturales de Venezuela, como China y la India, a pesar de que son grandes consumidores de petróleo, decidieron ayudar a la coalición EE.UU.-Europa en las sanciones contra Irán.

Pocos adjetivos pudieran definir en mejor medida el accionar de EE.UU. que las declaraciones del subsecretario del Tesoro estadounidense, David Cohen, para el año 2012:

“Inversionistas, y/o Bancos Internacionales tienen que tomar una decisión. Pueden escoger hacer negocios con Irán, o pueden mantener negocios con los Estados Unidos, pero no con ambos”.

Con el contexto dibujado, y antes de adentrarnos en el contenido y alcance de las sanciones propuestas, vale la pena realizar un último par de comentarios.

  1. El sistema de sanciones suele ser gradual, incrementando la presión al país sancionado y respondiendo a posibles desviaciones que dicho país intente hacer para evadirlas. Entre el 2010 y el 2013 se aprobaron alrededor de veinte resoluciones contra Irán; cinco provenientes de la UE, una emanada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y catorce por parte de EE.UU.
  2. El sistema de sanciones está caracterizado por una fuerte asimetría en su proceso de ejecución y suspensión. Las decisiones contra el país sancionado se pueden tomar de manera relativamente rápida pero su salida suele tomar mucho más tiempo del previsto.

 




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