El director para las Américas de la ONG Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirmó este viernes que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro usó «sucias trampas» tras inhabilitar al gobernador del céntrico estado venezolano de Miranda y opositor, Henrique Capriles.
En un comunicado, la organización afirmó que el Ejecutivo de Venezuela ha usado «sucias trampas para sacar del juego democrático uno a uno a todos sus adversarios políticos».
«Varios fueron condenados penalmente sin evidencias, como Leopoldo López, y otros, como Henrique Capriles, han sido inhabilitados arbitrariamente para participar en política. Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía», manifestó Vivanco.
El propio Capriles informó este viernes que había sido inhabilitado por un período de 15 años, aunque no ofreció más detalles del caso.
«URGENTE: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una INHABILITACIÓN por 15 años», escribió en su cuenta de la red social Twitter Capriles, quien fue dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela.
El representante de la ONG para las Américas añadió que Venezuela sufre una dictadura con todas sus letras y recalcó la necesidad de una acción multilateral firme y decisiva para proteger a los venezolanos cada día más urgente.
El líder opositor previamente había alertado de que podía ser inhabilitado por una investigación en su contra por unas supuestas irregularidades durante su gestión de la gobernación de Miranda.
El contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, dijo a principios de este año que Capriles tiene responsabilidad en supuestas irregularidades administrativas junto a ocho personas más de su gobernación.
Según Capriles, las supuestas irregularidades tienen que ver con la «reconducción del presupuesto», «dos convenios de cooperación internacional con Polonia y Gran Bretaña», un contrato televisivo, el supuesto pago de anticipos por servicios funerarios y otros por el «ejercicio económico financiero en 2011».
Sin embargo, el gobernador ha acusado al Gobierno de querer inhabilitarlo para cargos de elección popular para así elegir cuál es la oposición en Venezuela.
