Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a las autoridades tunecinas de llevar a cabo detenciones secretas «so pretexto del Estado de emergencia» y alertó de un «peligroso» incremento de medidas extrajudiciales contra los opositores del presidente del país, Kais Said, desde que el pasado 25 de julio decretó el Estado de excepción.
No revelar el lugar de detención de una persona es un paso alarmante hacia el estado de anarquía, que el Estado de emergencia haya sido prolongado de manera constante desde 2015 no se justifica de ninguna manera, señaló la directora de HRW en el país, Salsabil Chellali, en un comunicado en el que pidió poner fin de inmediato a dichas medidas o utilizar la vía legal con total transparencia para permitir un recurso legal.
Este es el caso, recordó, del exministro de Justicia y vicepresidente del partido islamista Ennahda, Nourredine Bhiri, bajo arresto domiciliario desde el pasado 31 de diciembre después de que un grupo de policías en civil se presentara en su domicilio sin una orden judicial y le obligara a subir a un vehículo para trasladarle a un lugar desconocido.
Autoridades tunecinas con detenciones secretas
Dos días después, Bhiri, de 63 años, fue hospitalizado bajo vigilancia policial tras iniciar una huelga de hambre y negarse a seguir su tratamiento médico como protesta por su detención.
Normalmente le visitamos una vez a la semana, previo acuerdo obtenido por teléfono, para que se pueda organizar su traslado desde el lugar administrativo donde está detenido al puesto de la guardia, relató a la organización el hermano del político, Hichem Bhiri.
El Ministerio del Interior declaró en un comunicado que dos personas, cuya identidad no mencionó, habían sido puestas bajo arresto domiciliario para «proteger la seguridad nacional» por » sospechas de terrorismo», en relación a la supuesta emisión ilegal de pasaportes y documentos de viaje en 2013.
Medidas excepcionales utilizadas de manera abusiva
Los detenidos no han recibido ninguna notificación por escrito, no se ha emitido ninguna orden de arresto y las autoridades no han revelado ningún cargo formal en su contra, de modo que eluden o el procedimiento legal habitual, insistió HRW.
Las medidas excepcionales otorgadas por el decreto de emergencia son utilizadas de manera abusiva y sin control judicial, lo que hace resurgir el espectro de las detenciones secretas. Estas violaciones socavan la autoridad del poder judicial y erosionan aún más los cimientos del Estado de derecho, manifestó Chellali.
Desde que el 25 de julio de 2021 Said proclamó el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida-, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes con el fin de «recuperar la paz social».
Una iniciativa que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como «golpe de Estado», mientras otros consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011.
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