El director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, José Miguel Vivanco, consideró hoy “histórica” la creación en la Organización de Estados Americanos (OEA) de un grupo de trabajo para la crisis en Nicaragua.

La creación del ente fue aprobada hoy mediante una resolución durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, con sede en Washington. “No tiene realmente antecedentes en esta organización, por eso creo que hay que celebrar, que hay que festejar que la OEA haya dado ese paso histórico”, dijo a Efe Vivanco.

Además, Vivanco consideró que la creación del grupo de trabajo “indudablemente” incrementará la presión sobre el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

No creí -dijo- que iba a asistir a un acontecimiento histórico como este, una organización que resuelve todo por consenso y que usualmente diluye el contenido de acuerdos al mínimo común denominador para encontrar usualmente ese consenso, que haya decidido realizar algo innovador no tiene antecedentes históricos.

Human Rights Watch se había mostrado crítico con la actuación de la OEA sobre Nicaragua y llegó a pedir a los cancilleres de los países que integran el organismo que abordaran la crisis durante su Asamblea General, la cita política más importante del organismo que se celebró el 4 y 5 de junio.

En ese momento, el organismo se limitó a aprobar una declaración (una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la OEA) para pedir el “cese inmediato” de la violencia, pero no dirigía esa petición a Ortega, señalado como responsable de la crisis por grupos humanitarios.

Desde entonces, la OEA ha celebrado varios Consejos Permanentes sobre la situación en Nicaragua y ha aprobado dos resoluciones.

La resolución aprobada hoy para crear un grupo de trabajo recibió el respaldo de 20 de los 34 países que son miembros activos del organismo, mientras que cuatro votaron en contra, ocho se abstuvieron y dos estuvieron ausentes. La iniciativa necesitaba 18 votos para ser aprobada.

El objetivo del grupo será apoyar el diálogo nacional y ayudar a la “búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles” para la crisis, la más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado.

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado 317 muertos, de acuerdo a las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas mortales y el Ejecutivo, 195.




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