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/ Foto: EFE
La ONG Human Rights Watch (HRW) dijo este lunes que es “imperativo” que “haya justicia” en Venezuela, tras el informe publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que advierte acerca de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por varios cuerpos de las fuerzas de seguridad.

Este informe “contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el Gobierno de Nicolás Maduro”, recoge un comunicado de HRW.

En él, subrayan que el informe está centrado en “alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición información suficiente detallada y confiable”.

Sin justicia para las víctimas

En este sentido, el director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, afirmó que “en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales”.

“Dado que el poder Judicial de Venezuela es un apéndice del Ejecutivo, la Fiscalía (de la CPI) debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la Fiscalía”, apostilla la ONG.

El tribunal internacional hizo público un informe anual en el que enumera delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.

Entre los cuerpos de seguridad a los que señala de cometer esos delitos está Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Participación gubernamental

Es la primera vez que la oficina dirigida por la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, especifica por su nombre qué fuerzas del orden del país caribeño están bajo sus pesquisas.

HRW destaca que el informe “sostiene que existe información disponible que indica que partidarios del Gobierno participaron en la represión de opositores o individuos percibidos como tales, con la participación o aquiescencia de las fuerzas de seguridad”.

Pese a que no lo menciona de forma directa, la oposición y varios grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado la actividad de los denominados colectivos, grupos de civiles afectos al chavismo y frecuentemente armados, como bandas paramilitares o parapoliciales.

Justicia está copada políticamente

La ONG también subraya que, desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en 2004″, el poder Judicial “ha dejado de actuar como una rama independiente del Gobierno”.

“Magistrados del TSJ han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado prácticas y políticas abusivas en reiteradas oportunidades”, aseguran.

En este sentido, recuerdan que las pesquisas de HRW “han demostrado que el poder Judicial venezolano no ha investigado las evidencias de abusos generalizados y que la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes”.

Entre esos informes publicados en 2014 y 2017, transmitidos a la Fiscalía, identificaron “abusos generalizados durante arremetidas contra opositores en Venezuela”.

“Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente y torturaron a detenidos. También emplearon la fuerza de manera desproporcionada y cometieron abusos violentos contra individuos en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores y críticos del gobierno”, explican.

Castigo a la disidencia

Para HRW, “la naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos -así como el uso frecuente de epítetos políticos por quienes los cometieron- sugieren que su propósito no fue aplicar la ley ni dispersar protestas, sino más bien castigar a las víctimas por sus opiniones políticas”.

Finalmente, aseguran que sus investigaciones demuestran que “los abusos no resultaron casos aislados ni excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad”.

“Por el contrario, que abusos generalizados se hayan cometido reiteradamente por distintas fuerzas de seguridad, a lo largo de un período determinado de tiempo y en múltiples lugares, avala la conclusión de que han formado parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, concluye la información. EFE




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