El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utilizó el estado de emergencia decretado por la llegada de la COVID-19 para intensificar su control de la población, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe difundido este jueves.

En su informe anual, HRW afirma que el Gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad «son responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por un corto periodo de tiempo, así como el encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos».

«Ellos usaron el estado de emergencia puesto en marcha en respuesta a la COVID-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población. La falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos«, destaca.

Al respecto, recuerda que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU «identificó patrones de violaciones» de los derechos humanos y delitos que eran parte de una conducta sistemática y extendida.

La ONG asegura que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en noviembre pasado su decisión de abrir formalmente una investigación sobre la comisión de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

HRW también recuerda que Venezuela afronta una emergencia humanitaria severa con millones de personas sin acceso a atención sanitaria o una nutrición adecuada. «El acceso limitado a agua segura en los hogares, centros de atención médica y un plan de vacunación afectado por la opacidad puede haber contribuido a la difusión de la COVID-19, sostiene el informe.

La organización también recuerda que la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en los comicios locales y regionales del pasado 21 de noviembre reportó que algunos opositores fueron arbitrariamente descalificados y un acceso desigual a los medios de comunicación. «La falta de independencia judicial respeto al imperio de la ley socavaron la imparcialidad y transparencia de la elección».

Entre las preocupaciones que persisten, incluye las abyectas condiciones en las prisiones, la impunidad para las violaciones de los derechos humanos y el acoso a los defensores de los mismos y medios independientes. «El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina».

Detenciones arbitrarias

En su informe, HRW también dice que el Gobierno ha detenido a opositores políticos, eliminándolos de las posibles carrera para ser elegidos en elecciones.

HRW cita el informe de la ONG Foro Penal del pasado 25 de octubre, momento en el que reportaron que había 254 detenidos a los que calificaban como presos políticos, una cifra que actualizaron este miércoles a 243.

Destaca que agentes de seguridad y de las fuerzas de seguridad han torturado a varios detenidos y a sus parientes, a la vez que recuerda que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2020 reportó casos de presunta tortura y malos tratos a los arrestados.

HRW también se hace eco de los abusos denunciados durante los combates que estallaron en marzo de 2021 en el estado Apure (fronterizo con Colombia) entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC. «La operación (militar) llegó a la ejecución de, al menos, cuatro campesinos, detenciones arbitrarias y el juicio de civiles en tribunales miliares, así como la tortura de vecinos acusados de colaborar con grupos armados».

Acerca del medioambiente, afirma que la minería es el principal problema para la deforestación del Amazonas venezolano, tras la agricultura.

El informe menciona un estudio de la ONG SOS Orinoco que aseguró que, tras la «ilegal!» declaración de Maduro que creó en 2016 una zona especial para la minería en el norte del sureño estado Bolívar, esa área ha perdido más de 230 mil hectáreas de cobertura forestal.

El panorama en América Latina

Los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia «el más grave retroceso en décadas» en materia de derechos humanos en América Latina, señala la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2022, publicado este jueves.

Este agravamiento se da en medio de la pandemia de la COVID-19, que ha supuesto para la región un desafío en todos los órdenes, pero también ha significado para ciertos Gobiernos la oportunidad de implementar medidas arbitrarias, señala la organización pro derechos humanos en un apartado de su reporte anual titulado «América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas».

La pandemia de la COVID-19 ha sido una excusa maravillosa para que líderes autoritarios adopten medidas restrictivas que igual querían adoptar, declaró la directora interina de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk, en entrevista telefónica con EFE.

HRW alerta del más grave retroceso

Sobre Cuba, HRW expresa su preocupación por los «abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos» tras las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de julio.

La respuesta del régimen cubano ha sido una represión brutal. Hemos documentado casos sistemáticos de detención arbitraria, más de mil personas fueron detenidas durante las protestas de julio. Hemos documentado denuncias de maltrato en contra de los detenidos y además procesos penales sin ningún tipo de garantías de debido proceso, aseveró Taraciuk.

En el caso de Nicaragua, HRW denuncia que las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre «se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas», después de que las autoridades detuvieran previamente a siete candidatos rivales del presidente y entonces aspirante a la reelección, Daniel Ortega, manteniendo a muchos de ellos «incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses».

En Nicaragua hay una dictadura descarada

A propósito de la situación en el país centroamericano, Taraciuk aseveró que «en Nicaragua hay una dictadura descarada», como quedó de manifiesto el año pasado con «la barbaridad que ocurrió previamente a las elecciones presidenciales, que fueron una farsa absoluta».

La misión de la UE concluyó que algunos opositores políticos fueron inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, así como falta de independencia judicial y respeto al Estado de derecho, lo cual afectó a la transparencia e imparcialidad de las elecciones.

Contra el orden estatal y los medios

A su vez, HRW observa que los Gobiernos de El Salvador y México están llevando a cabo arremetidas antidemocráticas constantes contra los demás poderes del Estado y contra los medios de comunicación.

En El Salvador, la Administración de Nayib Bukele reemplazó a los jueces de la Corte Suprema. Los nuevos miembros del máximo órgano judicial decidieron que el mandatario podía postularse a una reelección consecutiva, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

El Gobierno propuso una ley de «agentes extranjeros» que puede limitar severamente la labor de periodistas independientes y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos desde el exterior.

Estamos preocupados por las dictaduras puras y duras como Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero también por estos intentos de líderes que son elegidos democráticamente y, una vez en el poder, lo que hacen es debilitar el Estado de Derecho, dijo Taraciuk a EFE.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en noviembre pasado un acuerdo que le da prioridad a obras que el Gobierno ha establecido como puntales en su Administración.

Esta medida, según el informe de HRW, hará que se expidan permisos para esas obras «automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos», quedando así «exentas de las reglas de transparencia» y haciendo más difícil la labor fiscalizadora de la prensa.

Tozudez antisistema

El informe de HRW también hace mención al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de quien dice que «ha amenazado al Gobierno democrático en Brasil al intentar socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial».

El gobernante brasileño ha tratado de minar la credibilidad del sistema electoral, al señalar que la votación electrónica se presta para «fraudes», sin aportar prueba alguna de ello.

Pero el principal señalamiento crítico hacia Bolsonaro tiene que ver con su errático manejo de la crisis de la pandemia, porque, a juicio de HRW, Bolsonaro siguió ignorando las recomendaciones sanitarias contra la pandemia de coronavirus y «promoviendo medicamentos ineficaces» contra la COVID-19.

Tamara Taraciuk dejó muy en claro que para HRW es indispensable seguir apoyando en Brasil el trabajo de los jueces que se han animado a ponerle un freno a los excesos de Bolsonaro.

Abusos policiales e impunidad de las pandillas

Las protestas ocurridas en Colombia entre abril y julio del pasado que dejaron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial, son también objeto de denuncia en el informe de Human Rights Watch, que llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial.

Para HRW, los oficiales de policía dispersaron repetida y arbitrariamente las manifestaciones pacíficas y usaron una fuerza excesiva, a menudo brutal, incluyendo munición real y violencia de género.

Colombia es el único país de América Latina donde la Policía está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, y esto muchas veces hace difícil distinguir cuáles son las responsabilidades militares y policiales, dejó sentado Taraciuk.

HRW añade que, a pesar de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y los guerrilleros de las FARC, la violencia relacionada con el conflicto ha tomado nuevas formas y los abusos de grupos armados -incluidos los asesinatos y masacres y el desplazamiento masivo forzado – se han incrementado en áreas remotas del país en 2021».

En Haití, según el informe, la connivencia con actores estatales hace que la rampante violencia de los cada vez más grandes grupos de pandillas castigue más a la población.

HRW señala en su reporte sobre América Latina que la inseguridad provocada por unas 95 bandas armadas ha causado el desalojo de sus hogares y desplazamiento de 19.100 personas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe en 2021.

Mujeres y  niños encarcelados

HRW ve con mucha inquietud que se haya venido dando una «violencia endémica» hacia las mujeres en Argentina, ya que esto constituye una de las vulneraciones de derechos humanos «más duraderas».

La ONG recordó que en 2020 hubo un total de 251 feminicidios, de los cuales en sólo cuatro de ellos ha habido sentencia judicial.

En cuanto al derecho al aborto -legal en este país desde que el Congreso aprobó una ley en diciembre de 2020- su ejercicio continúa siendo un «desafío» y se presentan «obstáculos» en el acceso a la terminación del embarazo, advierte HRW.

En tanto, en Ecuador, «siguen siendo graves preocupaciones las pobres condiciones carcelarias y la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, las restricciones al acceso a la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la limitada protección de los derechos de niños y refugiados».

Y además de advertir que más de 600 reclusos contrajeron la COVD-19 y algunos fallecieron, Human Rights Watch manifiesta una especial preocupación por la explosiva situación en las cárceles de Ecuador, que en 2021 vivieron los episodios más violentos de su historia, con sucesivas reyertas que dejaron 80 muertos en febrero, 119 en septiembre y otros 68 en noviembre.




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