(Foto referencial)
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Pedro Veloz tiene una nueva responsabilidad en Corpoelec. En 12 años trabajando para la industria eléctrica le había tocado reparar un caucho, sacar de su bolsillo para la gasolina y hasta llevar herramientas de su casa para poder atender una avería. Ahora se sube al camión con una vara de madera grande en su intento por hacer a un lado los cables en las urbanizaciones y poder pasar en uno de los nuevos camiones que la estatal importó sin tomar en cuenta especificaciones técnicas importantes.

cestas de las unidades arribaron a Puerto Cabello son más altas que las que estaban en inventario

Las cestas de las unidades compradas directamente a Toyota, y que arribaron a Puerto Cabello el 17 de enero, son más altas que las que estaban en inventario. “Es un defecto que pone en riesgo la vida de los linieros al momento de tener que ir a un barrio donde hay conexiones improvisadas en todas las calles”, denunció Ernesto González, dirigente sindical de Corpoelec en Carabobo.

Fueron 132 camiones en total los adquiridos por la empresa de los que cinco fueron enviados a la región para sustituir los dos que se mantenían operativos con piezas desgastadas y severas deficiencias mecánicas. Pero no son suficiente. Hay ocho centros de servicio en Carabobo, para los que se necesitan al menos dos unidades en cada uno. El déficit es 68,75%.

Es por eso que los tiempos de respuestas a averías no han mejorado. De acuerdo a la “Norma Cadafe”, Corpoelec desde la estatización que cumplió 10 años el pasado 8 de febrero, las interrupciones en el servicio deben ser resueltas en un plazo no mayor a los 20 minutos, pero en la práctica actual pueden pasar entre tres y cinco días sin que se atienda la falla, no solo como consecuencia de la falta de unidades, sino de herramientas e implementos vitales.

La precariedad en la estatal ha hecho incrementar la morosidad al no existir con herramientas ni para los cortes por las deudas que presentan los usuarios. Hay caso extremos como los de las cuatro cuadrillas de Los Guayabitos, en Naguanagua, “que no tienen ni alicates”.

PENDIENTES LABORALES

Fueron más de tres meses de intensas protestas de calle y paralización de actividades administrativas las que emprendieron los 33 mil trabajadores activos y 10 mil jubilados de la estatal hasta el 29 de septiembre de 2016, cuando se aprobó la convención colectiva que tenía más de cinco años vencida. Pero con la firma solo han recibido una de una larga de promesas con el ajuste salarial, para esa fecha, de 30%.

El 20% correspondiente a enero no ha sido cancelado “porque los recursos de la empresa dependen del presupuesto de la nación que comienza a ser ejecutado en febrero”, explicó González como parte del argumento de la gerencia de recursos humanos. Pero ya en marzo aún el pago pendiente no se ha hecho. Tampoco se ha respetado con la cláusula 51 del contrato que establece que cada decreto de incremento de sueldo presidencial debe ser asumido, “solo nos han dicho que eso es algo que no tenían presupuestado”. La nómina de empleados y la de operadores por turno está por debajo del salario mínimo al no pasar de 37 mil bolívares al mes.

Esto se suma a las fallas con la dotación de uniformes, implementos de seguridad y herramientas que no es entregada al personal desde hace más de un año. Lo que se ha traducido en accidentes laborales porque la mayoría de los trabajadores tienen botas que perdieron la condición de aislamiento eléctrico.

También se han incrementado los robos en las subestaciones y centros de servicio en los que se han perdido equipos de aires acondicionados, los pocos cables con los que cuentan y otros aparatos. “Los militares que custodian las instalaciones solo nos dicen que no cuentan con el personal suficiente”.

González denunció que desde las acciones de protesta emprendidas el año pasado se han agudizado los casos de acoso laboral, con 15 calificaciones de despido, el cambio de algunas personas de sus puestos de trabajo a otros alejados de su residencia y con el desconocimiento de la libertad sindical, fundamentada en la cláusula 2 de la convención colectiva y los artículos del 353 al 358 de la Ley Orgánica del Trabajo.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.





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