Como un alicate que cada vez aprieta más. Así sienten los empresarios del país el cobro de los impuestos municipales. “Son excesivos y agresivos”, denunció el vicepresidente de Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Juan Castillo.
El patrimonio de las compañías se ha deteriorado porque los gobiernos municipales cifran esos impuestos sobre los ingresos brutos
Hay varios factores asociados a esa voracidad fiscal que más allá de perseguir recursos económicos para la alcaldía, perjudican a los contribuyentes con tributos que exceden la capacidad de pago de las pocas industrias que aún reciben ganancias en medio de una severa crisis productiva.
El patrimonio de las compañías se ha deteriorado porque los gobiernos municipales cifran esos impuestos sobre los ingresos brutos, no toman en cuenta los egresos, ni si el producto está sujeto a regulación, incluso, se puede trabajar a pérdida y los tributos no se deben dejar de pagar.
Castillo alertó sobre el incremento de las alícuotas que rondan 10%, “eso es mucho más de lo que recibe el ejecutivo por concepto del Impuesto Sobre La Renta (ISLR). En definitiva, los municipios han excedido esa capacidad constitucional de cobrar impuestos”.
Estas imposiciones se hacen a través de la aprobación de determinadas ordenanzas que establece además multas calculadas en Unidades Tributarias (UT), ajustadas por la inflación, intereses moratorios y medidas de clausura, que ponen al empresario contra la pared.
LA TRABA DEL TSJ
La única salida ante esa situación que tienen los industriales del país es introducir una demanda de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente que “parece no tener interés sobre aspectos técnicos que rigen la dinámica nacional, y solo se enfoca en los meramente políticos”. Eso implica una gran traba. Cuando los municipios se exceden de las competencias que les otorga la Constitución no hay organismo que le ponga un freno, “que le diga alto, eso no se puede”.
Castro expuso estos casos durante las XV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario que se realizan en Carabobo desde el 23 hasta el 25 de noviembre en las que también participó César García Novoa, catedrático de derecho tributario en la Universidad de Santiago de Compostela en España, quien dejó claro que en países en crisis económica como Venezuela resulta difícil adecuar sistemas fiscales a estándares internacionales.
En la nación hay grandes necesidades de recaudación de parte del Estado, “eso provoca que no haya respeto de los contribuyentes”. Tampoco se ha podido adaptar a las tendencias mundiales basadas en el incremento de la economía digital, la aparición de estrategias de lucha contra el fraude, necesidades de mejorar la información de compañías multinacionales que operan en Venezuela que deben tributar en el país y no en el lugar donde tiene la sede principal.
García Novoa cuestionó además que el Ejecutivo, pese a la crisis, no tome en cuenta los mecanismos de apoyo como las asistencias técnicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para capacitar funcionarios y modernizar sistemas tributarios, “lo que no se debe permitir es que un Gobierno se cierre a esas alternativas”.
