Indígenas de Colombia denunciarán ante la CIDH el incremento de agresiones que sufren por parte de actores armados tras la firma a finales de 2016 del acuerdo de paz con las FARC, informó este viernes la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
«Creíamos que después del acuerdo de paz llegaría la tranquilidad. Al contrario, no dormimos tranquilos dentro de nuestros tambos, hay confinamientos dentro de los resguardos porque temen a las bombas, han caído jóvenes, mujeres, niños», dijo Luis Ángel Manyoma, líder del pueblo Embera del selvático y empobrecido departamento del Chocó (noroeste).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una audiencia a la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas para el próximo 10 de mayo en la que escucharán sus reclamos, afirmó la ONG, que espera que se decreten medidas cautelares para salvaguardar sus derechos en el posconflicto.
Según un informe que dio a conocer este organismo en Bogotá, entre 2016 y 2017 se registraron más de 18.000 hechos victimizantes en contra de poblaciones indígenas, entre los que destacan 67 homicidios y 11.455 casos de desplazamiento forzado.
A pesar de la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, «en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), la reparamilitarización ha aumentado, con la presencia de 17 grupos armados al margen de la ley, de cortes paramilitares y subversivos», declaró John Jairo Tapie, del pueblo Pasto.
Este año 570 indígenas pastos quedaron en medio de un combate entre la guerrilla guevarista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo rebelde reconocido por el gobierno, y el frente disidente de las FARC Oliver Sinisterra, por lo que tuvieron que huir a Ecuador para salvar sus vidas, agregó.
Además de los enfrentamientos entre grupos armados que provocan éxodos en la frontera con Ecuador, hay que agregar la explotación minera en los límites con Venezuela y la pérdida de territorios ancestrales, señaló por su parte Leonor Zalabata, del Pueblo Arahuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).
«Quedó muy claramente establecido que el conflicto armado tuvo que ver con las licencias ambientales para la explotación minera y que las consultas previas (para la realización de proyectos generalmente mineros o petroleros) no han garantizado los derechos de los pueblos indígenas», apuntó.
Colombia vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, con un saldo de unos ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
El gobierno de Juan Manuel Santos firmó en noviembre de 2016 un histórico pacto que desarmó y transformó en partido político a las FARC, y busca convenir un acuerdo similar con el ELN para poner fin a la última conflagración interna de América.
