Entre las principales exigencias estaban la renuncia del mandatario y de la junta directiva del Congreso, presidida por el diputado del partido oficial Vamos, Allan Rodríguez, además de los 115 diputados aliados al presidente.
Además, protestaron para saber «dónde está el dinero» de la pandemia de COVID-19 que supuestamente no llegó a las comunidades.
Exigen la dimisión del ministro de Interior y del director de la Policía
El vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Celso Gerardo Zapeta Chue, dijo a la radio local Estéreo 100 que habían pedido un «informe circunstanciado a la fiscal general de la nación (Consuelo Porras) sobre el sabotaje que hubo en la quema del Congreso».
Zapeta Chue indicó que las comunidades acordaron también «respaldar al fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad», pues lamentaron que «se está persiguiendo (supuestamente por la propia fiscal general Consuelo Porras) a esta persona que está haciendo un buen trabajo (contra la corrupción)».
El pasado 24 de noviembre, solo tres días después de la quema del Congreso y de que el mandatario promoviera ante la Organización de Estados Americanos la Carta Democrática Interamericana, los 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más antiguas del país, se reunieron y manifestaron en la Ciudad de Guatemala para advertirle al presidente que tenían la capacidad de «paralizar al país».
La crisis del gobierno de Guatemala
A ello se sumó el pedido del vicepresidente, Guillermo Castillo, quien instó el 20 de noviembre a Giammattei a que renunciaran en conjunto ya que el país no se encontraba «bien».
Las manifestaciones en contra de Giammattei, frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), se iniciaron el 21 de noviembre y se han mantenido vigentes por tres semanas consecutivas, aunque cada vez con menos participación, pese a la suspensión del controvertido presupuesto.
Ese 21 de noviembre, mientras más de 10 mil manifestantes protestaban pacíficamente frente al Palacio Nacional, frente al Congreso, un grupo de encapuchados quemó parte de las instalaciones del Parlamento, lo que produjo una respuesta «excesiva», según analistas y defensores de derechos humanos, de la Policía en contra de la población, hasta llegar a rociar con gases lacrimógenos a niños y ancianos.
La crisis política hizo que Giammattei invocara el 22 de noviembre la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar «la institucionalidad democrática» en el continente mediante la organización continental.
Debido a ello, la OEA envió una misión al país por cinco días y la misma dictaminó el 4 de diciembre en un informe preliminar que se deben tomar «medidas específicas» sobre ciertos temas de preocupación para la sociedad, como la corrupción y la impunidad. EFE
