Los 13 indígenas recluidos en el Rodeo II, cumplen ocho meses encarcelados, padeciendo de enfermedades y problemas físicos, además de retraso injustificado de la tramitación del juicio, según informó Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal.
Este grupo de nativos del estado Bolívar, fueron detenidos por el asalto militar al Batallón 513 de Infantería de Selva, en el municipio Gran Sabana, en diciembre de 2019; y ninguno de ellos fue incluido en la lista de 110 indultados por Nicolás Maduro el pasado 31 de agosto.
El abogado notificó que los detenidos han venido sufriendo padecimientos estomacales, pues no cuentan con agua potable y pese a las denuncias en julio en la Defensoría del Pueblo, a la fecha no han recibido atención médica.
El coordinador nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal señala que tiene meses atendiendo el caso sin una respuesta concreta.
«Es importante decir que estuvimos dos horas tratando de consignar esta denuncia. Fuimos a Derechos Fundamentales en el Ministerio Público y no nos recibieron; posteriormente acudimos a la Defensoría del Pueblo en su sede principal, y tampoco nos atendieron», denunció el 20 de julio vía Twitter.
Por otra parte, hace unos días comentó que varios de ellos presentaron síntomas de COVID-19, pero ninguno fue atendido y tampoco se les realizó la prueba para comprobar si padecían del virus.
En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calculó que en el Rodeo II había una capacidad de 1.434 reos. Ortiz precisó que en este momento 2.000 personas se encuentran recluidos ahí, por lo tanto las condiciones de salud son precarias.
Los miembros de la ONG no pudieron corroborar la causa de los problemas de salud de los 13 indígenas de la etnia pemón:“Si fue producto de la pandemia o del agua potable se está demostrando la situación precaria en las que está el centro penitenciario”, dijo Olnar Ortiz.
A los indígenas no se les ha respetado el debido proceso
Foro Penal insiste en que a los indígenas no se les ha respetado el debido proceso. De los 13 pemones arrestados, ocho se entregaron por voluntad el 22 de diciembre y el resto fue detenido entre el 28 y 30 de ese mes. Ninguno de ellos fue presentado en el plazo legal de 48 horas y se les obligó a comparecer con defensa pública.
La travesía que les ha tocado a estos indígenas ha sido bastante complicada, pues a un grupo de ocho se los llevaron el 27 de diciembre (cinco días después) a un tribunal militar que desconoció el caso por no creerse competente.
Unas semanas después en Caracas el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo asumió el caso. El retardo procesal llevó a que la audiencia del primer grupo fuera pautada para abril y luego suspendida por la pandemia de COVID-19.
El segundo grupo sufre de un mayor retraso injustificado para la tramitación del juicio. Ellos fueron presentados a finales de febrero; pero no tienen fecha de la audiencia probatoria del hecho y hace tres semanas se juramentó una de las tres abogadas que asumió el caso.
“Es lo único que se ha hecho desde marzo que comenzó la pandemia. Estamos hablando de más de cinco meses de paralizado el sistema judicial”, detalló Ortiz.
Además, expresó que seguirán llevando el caso hasta el punto que la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y al equipo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tome medidas al respecto.
