El año 2019 resultó muy trágico. Entre abril, mayo y junio se perdieron en altamar tres embarcaciones que llevaban más de 90 personas en total, dos de ellas en la ruta que va desde Güiria rumbo a Trinidad y Tobago, la otra en las costas de falcón, muy seguramente en camino hacia las islas nerlandesas de Curazao, Aruba o Bonaire.
Reseña la web de Tal Cual que al peñero “Jhonaily José” se le perdió el rastro el 23 de abril. Los familiares de quienes iban a bordo están convencidos de que el caso se vincula con el tráfico humano y ya se cumplen tres años de total impunidad, con poca diligencia de las autoridades, entre ellas el fiscal general, Tarek William Saab, y demás instituciones del gobierno de Nicolás Maduro.
Y la indolencia no sólo se limita a la respuesta sobre el caso que ha negado el Estado a los supervivientes de las víctimas, sino al trato que reciben de los organismos y funcionarios de seguridad al hacer las denuncias.
Un ejemplo, lo que ocurrió a Ana Arias, madre de Luisannys Betancourt, desaparecida en 2019, cuando apenas tenía 15 años. “Tu hija se ahogó” le dijo sin titubeo una voz desconocida al teléfono. No le dio tiempo de responder porque le colgó la llamada.
“Te falta el aire y por más que intentas inhalar no puedes, sientes que todo tu cuerpo se detuvo. Apenas reacciones comenzarás a buscar respuestas ante organismos de seguridad, pero solo recibirás muecas de desinterés, amenazas y amedrentamiento. La falta de aire vuelve entre minutos, horas, días, semanas y años acompañada por un mar de dudas de no saber cuál es la verdad, porque nunca apareció un cuerpo que certificara o desmintiera aquella noticia”, explica la desconsolada madre.
Zarpes fatales
Desde Güiria, un pueblo ubicado en el estado Sucre, al oriente del país, zarparon los botes “Jhonaily José” (23 de abril) y “Ana María” (16 de mayo). El tercer peñero, sin nombre, zarpó en Falcón (7 de junio).
De las 38 personas que iban a bordo del “Jhonaily José”, solo nueve lograron retornar a Venezuela. Las otras 29 permanecen en paradero desconocido. Los sobrevivientes guardan silencio sobre lo ocurrido. En ese peñero iba Luisannys Betancourt y pese a denuncias de su madre, Ana Arias, ante el Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (GN) de su desaparición, nunca se hizo nada. Solo le dijeron “espere 72 horas, que su hija está de rumba”.
Pasaron las 72 horas. Y ya van 36 meses, lo que suman mil 095 días y alrededor de 26 mil 280 horas sin que la mujer tenga noticias de su hija o que haya una actuación diligente del Estado.
Desde su taller de costura, ubicado en su vivienda, en Cumaná, capital del estado Sucre, pasa sus días, entre incertidumbre y miedo. “Mi casa no es tan grande y las fotos están por donde siempre paso. Aquí tengo una, y cada vez que la veo la bendigo, la miro, y le pregunto: ‘¿Dónde estás?’, ‘¿Por qué no sé nada de ti?’”, dice con voz quebrada.
No han valido las protestas
La actuación de las autoridades en el caso ha sido casi imperceptible, por no decir incompetente. Al cierre de 2019, el comité de familiares de los desaparecidos protestó ante el Ministerio Público para exigir al Estado acciones para esclarecer el caso. Sin embargo, la respuesta del organismo fue escueta: solo les dijeron que la investigación “avanzaba” pero no dieron mayores detalles a los parientes.
El día de la protesta, los familiares se dirigieron a la sede de Interpol, en Caracas. En el organismo fueron notificados de que la Fiscalía no había compartido la información de la desaparición de la primera embarcación y, por esta razón, aún no se había activado la alerta amarilla para los desaparecidos, y la alerta roja para los presuntos responsables de la desaparición del bote “Jhonaily José”.
El 20 de febrero del 2020, los parientes volvieron a protestar para exigir respuestas a las autoridades. En ese momento funcionarios del Ministerio Público prometieron que serían designados nuevos funcionarios para investigar los casos, por lo que tendrían que volver a proporcionar datos, los mismos que habían repetido una y otra vez.
En mayo de 2020, TalCual publicó una investigación sobre lo ocurrido en 2019 en dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago.
Gobierno indolente
Con apenas 23 días de diferencia zarparon y desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas. En el trabajo se evidencia cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
En diciembre de 2020 fue que el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, reconoció la existencia de bandas dedicadas a la trata y al trafico personas desde Güiria, estado Sucre (un año y ocho meses después de la desaparición del Jhonaily José); ello luego de un naufragio ocurrido entre las costas de esa localidad sucrense y Trinidad y Tobago en el que murieron ahogadas más de 30 personas.
Al cierre del 2021 una manifestación de familiares se repitió. Denunciaron que las promesas del MP nunca se cumplieron y que el caso solo ha quedado en una lista de nombres.
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