Jueces y fiscales observaron este martes una amplia e inédita huelga en España para pedir que se refuerce su independencia del poder político, tras meses de polémicas y sobreexposición mediática.

“Queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público”, escriben en un comunicado conjunto las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales existentes en España.

Según datos finales a nivel nacional, facilitados por la Asociación de Fiscales, el paro fue secundado por prácticamente el 50% de jueces (2.698 de un total de 5.407) y el 53,8% de fiscales (1.295 de 2.407).

“En España hay una percepción ciudadana de que la justicia no es tan independiente como debía de ser”, comentó a la prensa Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia.

En los últimos años, el poder judicial ha tenido una fuerte exposición mediática al hilo de los muchos casos de corrupción política que han dominado la actualidad. Y sobre todo, se ha revelado como la primera línea de defensa del Estado español frente al desafío independentista catalán.

En cada ocasión, el gobierno conservador ha dejado en manos de jueces y fiscales la tarea de paralizar las leyes promovidas por los independentistas y consideradas anticonstitucionales.

También fueron los jueces quienes paralizaron en los últimos meses hasta tres candidaturas a la presidencia regional de Cataluña, entre ellas la del ex presidente Carles Puigdemont, por estar acusados de rebelión.

En la última década, jueces y fiscales españoles han hecho huelgas. Sin embargo, la de este martes es hasta la fecha la de mayor amplitud, y la primera convocada por ambos cuerpos y por todas las asociaciones correspondientes.

– Piden más personal –
En su comunicado los jueces y fiscales no hablan de Cataluña, sino que recuerdan las reivindicaciones prácticas formuladas desde hace casi un año.

Entre ellas, piden cambios que permitan reforzar la independencia del poder judicial, y un plan de inversión para modernizar los medios materiales e incrementar el número de jueces y fiscales, equiparándolo con la media europea.

Si estamos en huelga “es por dar una justicia de calidad que a día de hoy lamentablemente no se está dando”, declaró Montserrat García, directiva de la Asociación de Fiscales, denunciando “cargas enormes de trabajo” que dificultan el mismo.

Para apoyar sus reivindicaciones, las siete asociaciones organizaron cuatro paros parciales y concentraciones en las últimas semanas, sin que de momento se hayan satisfecho sus demandas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comentó a periodistas que por su lado no hay “discrepancia de fondo” con estas reivindicaciones, y destacó que algunas están contempladas en el nuevo presupuesto que el gobierno trata de sacar adelante, negociando ‘in extremis’ los apoyos parlamentarios necesarios.

De aprobarse el presupuesto 2018, incidió Catalá, se crearán 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y se destinarán 130 millones de euros a mejorar los sistemas informáticos de los juzgados y las fiscalías.

La relación entre magistrados y poder político se tensionó definitivamente cuando a fines de abril, las mismas asociaciones de jueces y fiscales pidieron la dimisión de Catalá, por poner en duda la competencia de un juez, lo cual tacharon de “intromisión”.

El ministro había criticado a un juez de Pamplona (norte) que junto con otros compañeros exculpó de violación a cinco jóvenes, en un caso muy mediatizado de agresión sexual en grupo a una chica de 18 años durante las fiestas de San Fermín.

Los cinco fueron finalmente condenados a nueve años de prisión por abuso sexual, un delito castigado con una pena menor.




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