Informe alerta que mujeres venezolanas enfrentan un sistema judicial que las deja atrás

El informe de Acceso a la Justicia junto a otras 22 organizaciones de la sociedad civil revela violaciones a los derechos de las mujeres

mujeres
Foto: Cortesía freepik.es

En Venezuela, garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una deuda que el Estado sigue sin saldar. El informe “El derecho a la justicia de las mujeres en Venezuela” revela graves fallas estructurales en el acceso y funcionamiento de los tribunales especializados en violencia de género.

La falta de recursos, la precariedad de las condiciones físicas y la opacidad gubernamental perpetúan la desprotección de las víctimas, incluso en los casos más extremos, según la investigación realizada con aportes de 22 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a Acceso a la Justicia.

Aunque la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Losdmvlv) fue promulgada hace 17 años, de los 22 estados del país, solo tres tienen tribunales especializados en mujeres fuera de sus capitales. En los restantes, las víctimas deben acudir a tribunales municipales, donde las instalaciones son inadecuadas y las denuncias pueden tardar meses en procesarse.

Este escenario, combinado con los costos ocultos del sistema, convierte la búsqueda de justicia en un privilegio inaccesible para muchas mujeres, que enfrentan gastos que pueden superar los ingresos promedio mensuales.

Además, las condiciones físicas de estos espacios agravan el panorama, con salas de audiencia sin climatización, espacios sin privacidad para las víctimas y largos tiempos de espera en instalaciones carentes de agua potable y baños adecuados.

Ausencia de datos y opacidad gubernamental

La situación de las mujeres que enfrentan violencia de género no se limita a la falta de infraestructura. La ausencia de datos oficiales sobre la incidencia de femicidios y otras formas de violencia complica la elaboración de políticas públicas eficaces.

A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles, como Utopix, que reportó más de 200 femicidios en 2023, esta información no es suficiente para movilizar la voluntad política necesaria. La falta de estadísticas oficiales refleja una política de opacidad que obstaculiza el monitoreo y la exigencia de derechos.

Costos ocultos de la justicia

El informe también denuncia las prácticas que perpetúan la desigualdad en el acceso a la justicia. Aunque la Constitución garantiza la gratuidad de la justicia, en la práctica, las víctimas deben asumir gastos significativos.

Desde la compra de insumos como hojas y bolígrafos hasta los costos de transporte y alimentación, el proceso judicial se convierte en una carga económica insostenible para muchas familias.

En algunos casos, los imputados son obligados a contribuir con materiales como ventiladores o productos de limpieza, una medida que, aunque busca paliar la falta de recursos, pone en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial.

Ineficiencia en las medidas de protección

Otro aspecto crítico es la ineficacia de las medidas de protección para las víctimas. Estas normas, fundamentales para salvaguardar su integridad, suelen ser insuficientes o mal implementadas. En muchos casos, las víctimas deben notificar personalmente a sus agresores sobre las medidas dictadas en su contra, exponiéndolas a nuevos riesgos.

Además, el país cuenta con solo seis casas de abrigo operativas, a pesar de que la ley exige una por municipio. Estas casas, cuando están disponibles, enfrentan limitaciones para alojar a mujeres con hijos mayores de 12 años, y su permanencia es temporal, sin ofrecer soluciones a largo plazo para garantizar la seguridad de las sobrevivientes.

Retrasos en el acceso a expedientes y experticias

El acceso a los expedientes judiciales también representa un obstáculo significativo. Las víctimas y sus representantes legales enfrentan largas esperas para consultar documentos esenciales, lo que dificulta el seguimiento de los casos y aumenta la frustración.

En algunos tribunales, la falta de impresoras y materiales básicos retrasa la elaboración de las actuaciones judiciales, mientras que en otros, las prácticas de corrupción complican aún más el acceso a la información.

Las experticias, cruciales para avanzar en los procesos judiciales, también están plagadas de problemas. Las pruebas psicológicas pueden tardar hasta ocho meses en completarse, y en algunos casos, se ha denunciado que funcionarios toman fotografías de las lesiones de las víctimas y las envían por plataformas privadas como WhatsApp, violando la privacidad de las denunciantes. Este retraso no solo afecta la resolución de los casos, sino que también perpetúa el trauma de las víctimas, muchas de las cuales abandonan el proceso por agotamiento físico y emocional.

Condiciones precarias del personal judicial

Las condiciones de trabajo para los funcionarios judiciales también son precarias. La falta de capacitación en perspectiva de género y la alta rotación de personal afectan la calidad de la atención a las víctimas.

En muchos casos, las víctimas son atendidas por auxiliares o secretarios que carecen de formación adecuada, lo que contribuye a la revictimización. Además, la centralización de recursos en Caracas genera disparidades significativas entre los tribunales de la capital y los de las regiones, donde las condiciones son aún más adversas.

Impacto en las poblaciones vulnerables

La situación es aún más crítica para las poblaciones vulnerables, como las mujeres indígenas, afrodescendientes y con discapacidad. Estas mujeres enfrentan barreras adicionales, como la falta de traductores en los tribunales y la ausencia de materiales informativos adaptados a sus necesidades.

En las zonas rurales, la distancia geográfica y la falta de transporte dificultan aún más el acceso a la justicia, mientras que en las comunidades indígenas, las prácticas consuetudinarias a menudo priorizan la conciliación sobre la denuncia, perpetuando la impunidad.

El informe concluye que la situación del sistema judicial venezolano no solo refleja un incumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, sino también una falta de voluntad política para abordar el problema de manera integral.

Las mujeres venezolanas continúan siendo víctimas no solo de la violencia de género, sino también de un sistema que les niega justicia. Transformar este panorama requiere un compromiso real del Estado para garantizar el acceso efectivo a la justicia, mejorar las condiciones físicas y logísticas de los tribunales, y promover campañas de información masiva que sensibilicen a la población y a los funcionarios sobre la importancia de erradicar la violencia de género.

Únete a nuestros canales en Telegram y Whatsapp. También puedes hacer de El Carabobeño tu fuente en Google Noticias.

Newsletters

Recibe lo mejor de El Carabobeño en forma de boletines informativos y de análisis en tu correo electrónico.

Informe alerta que mujeres venezolanas enfrentan un sistema judicial que las deja atrás

mujeres
Foto: Cortesía freepik.es

Activa las notificaciones Lo pensaré