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El secuestro de periodistas, el robo de sus equipos y el bloqueo sistemático de las página webs de medios y portales digitales son algunas de las “tendencias degradantes para la libertad de prensa” en Venezuela expuestas ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Miguel H. Otero, director del diario El Nacional y actualmente radicado en España, fue quien presentó el informe de Venezuela ante la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP, que celebra su 75 Asamblea General en Miami.

Otero, además de leer el informe, pidió a la SIP que emita una declaración en esta Asamblea sobre el intento del Gobierno de Nicolás Maduro de lograr para Venezuela uno de los dos puestos vacantes en el Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Según dijo, diplomáticos del Gobierno de Maduro se están moviendo para obtener 120 votos de los países no alineados, mientras que Oscar Arias, expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz, ha pedido al Gobierno de Costa Rica que presente una candidatura para competir con la venezolana.

El informe fue acompañado de un vídeo con algunas de las violaciones de la libertad de prensa en el último año e incluye una relación de los hechos mas significativos, que ocupan más de cuatro paginas.

El informe denuncia que en el último año “el clima de libertad de prensa se ha deteriorado, haciendo más incierto y peligroso el trabajo periodístico”.

Entre las “tendencias degradantes” subraya que “la política restrictiva de Estado” se ejecuta con “programas sistemáticos de presión en los que participan varios órganos, incluyendo a grupos paramilitares aliados”.

“Se utilizan tribunales militares para enjuiciar a periodistas o a reporteros ciudadanos, derivando en el aislamiento total de los detenidos y un estado de desinformación absoluta”.

Según el informe, los protagonistas de ataques físicos, sean militares, funcionarios policiales o miembros de grupos paramilitares, “gozan de total impunidad”.

“En las calles, bandas armadas, a pie o en moto, golpean o disparan contra ciudadanos y contra periodistas que informan sobre las protestas, delante de unidades militares que no impiden la acción de los delincuentes”.

También denuncia el informe la complicidad del sistema judicial que “persigue a los periodistas y no castiga a los responsables de las agresiones”.

Como novedad, “militares, policías y paramilitares” roban equipos a los periodistas: cámaras de video y cámaras fotográficas, teléfonos móviles, grabadoras de audio, micrófonos y hasta los bienes personales que las víctimas portan.

En este punto se menciona el caso del periodista Jorge Ramos y de los profesionales que los acompañaban este año a una entrevista con Maduro, “a quienes les robaron sus equipos en el Palacio de Miraflores por orden directa” del presidente, según el informe.

En todo Venezuela, agrega, “continúan las prácticas represivas y de persecución a periodistas, salvo aquellos que trabajan para medios o portales oficialistas”.

El secuestro de periodistas, que “de forma paulatina se ha venido instaurando”, les hace desaparecer “por días, semanas o meses, sin que sus familiares dispongan de ninguna información sobre su paradero, las razones de su desaparición forzosa, ni tampoco de las condiciones de salud física y mental en que se encuentran”.

Otra violación de la libertad de prensa es “el bloqueo sistemático a páginas web de medios y de portales digitales, a los que los ciudadanos no pueden acceder”.

Mientras cientos de reporteros, reporteros gráficos, editores, camarógrafos y especialistas de medios han escogido el exilio, sus compañeros que se mantienen en el país realizan su trabajo “en condiciones de extrema precariedad”.

“Deben realizar varios trabajos para sobrevivir, y, en la mayoría de los casos, ejecutan sus tareas en ambientes precarios y peligrosos”, señala el informe.

Además, la crisis económica combinada con la hiperinflación y la dolarización de la vida cotidiana, ha sumido a todas las empresas de comunicación, en un estado de empobrecimiento creciente.

Ante esta situación, dice el informe, se necesita “articular medidas para preservar las estructuras que todavía se mantienen en defensa de la libertad de expresión, para la integridad física de los periodistas venezolanos, para crear y establecer mecanismos de apoyo financiero a los medios y para mantener esta situación anti-libertad de prensa en la agenda pública internacional”.




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