El informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dedica un capítulo especial a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES – PNB) y recomienda de formas inmediata al régimen de Nicolás Maduro disolver este cuerpo de seguridad.
En el resumen ejecutivo del informe que presentará formalmente el viernes 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet destacó que la actuación de las FAES en el contexto de operaciones policiales ha dejado una gran cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que podría ser considerado como una forma de control social de la población vulnerable.
Por ello, la Acnudh recomendó su disolución y que se establezca un mecanismo “imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”.
Esto con el objetivo de asegurar que los responsables de estas violaciones de derechos humanos rindan cuentas y que las víctimas obtengan su justa reparación.
Según lo documentado por la Acnuhd, que visitó el país en marzo de 2019 y tuvo acceso a datos de organizaciones no gubernamentales y fuentes oficiales del Ministerio Público, estos operativos que realizan los cuerpos de seguridad, en especial las FAES, se realizan en barrios y zonas populares y terminan en muchos casos como ejecuciones extrajudiciales.
“Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”, dice parte del informe de la Oficina de la Alta Comisionada.
Y es que este grupo reemplazó desde principios de 2018 las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo”, que habían sido implementadas de 2015 a 2017, y con lo que se dejó de lado su función de combatir a gran escala el narcotráfico y las organizaciones criminales.
La Oficina de la Alta Comisionada Bachelet pudo entrevistar a familiares de 20 hombres jóvenes asesinados por la FAES entre junio de 2018 y abril de 2019. Todo detallaron un modus operandi similar.
MODUS OPERANDI DE LAS FAES
Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”, describe el informe.
Además, los testigos y familiares reportaron que los funcionarios de las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. “Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría “resistido a la autoridad”. En muchos casos, se reportó que las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen”.
JUDICIALIZACIÓN
El informe de la ONU también destaca que hubo una judicialización adelantada de las víctimas, pues en algunos casos “las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial”.
Según los datos del Ministerio Público, que fueron entregados por el fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, a la Alta Comisionada durante su visita al país el 20 de junio, la mayoría de las muertes en estos operativos son clasificadas como “resistencia a la autoridad”, lo que califican como un número “inusualmente alto”.
En marzo de este año, la exmandataria chilena aseveró que la oficina de la Fiscalía General venezolana “se ha negado explícitamente” a iniciar investigaciones contra integrantes de las FAES, durante la actualización oral del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Bachelet destacó que la negativa de la Fiscalía venezolana ha sido comunicada por los parientes de las víctimas en un mayoría habitantes de barrios pobres y que participaron en protestas antigubernamentales.
En 2018, el Ministerio Público registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, mientras que ONG como el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas dentro de la “resistencia a la autoridad”.
Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, las autoridades gubernamentales notificaron 1.569 muertes violentas por “resistencia a la autoridad”; mientras que el OVV registró durante el mismo periodo 2.124 decesos bajo esa denominación.
“La información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”, sentencia el informe.
Alta Comisionada resaltó su preocupación de que las autoridades puedan estar utilizando a este organismo, debido a su método de funcionamiento y la presencia que mantienen en las comunidades luego de sus operaciones, como un “instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.
El informe incluye de forma especial el casos de seis hombres asesinados por la FAES “en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones y siguieron el mismo modus operandi descrito anteriormente”.
MINISTERIO PÚBLICO INCUMPLE OBLIGACIONES
Entre los aspectos del informe de Michelle Bachelet hay señalamientos y recomendaciones específicas sobre el Ministerio Público (MP), la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
La Acnudh afirmó en el documento que el MP “ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos”.
Incluso estas instituciones han denegado, al igual que el Gobierno o la policía, la protección requerida para las víctimas o testigos de violaciones de derechos humanos. Además, señalaron que siguen existiendo factores de impunidad identificados en 2018 como la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad civiles y militares en investigaciones, manipulación de evidencias y escenas del crimen, demoras en la actuación procesal, además de la elevada rotación de fiscales y jueces.
“La falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”.
TAREK WILLIAM SAAB
El informe también se refiere de forma particular a la actuación de Tarek William Saab como fiscal general, pues lo acusan de participar de “una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.
La Acnudh solicitó que se adopten medidas efectivas para “restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo”, además de garantizar el derecho a las víctimas “a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias”.
 y recomienda de formas inmediata al régimen de Nicolás Maduro disolver este cuerpo de seguridad. ){kind=link}