Un sistema estatal de represión contra la disidencia y la prensa y una migración forzada no vista ni en tiempos de guerra es la realidad que vive Nicaragua en la actualidad bajo el Gobierno de Daniel Ortega, denunció este miércoles el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
La organización presentó desde el exilio en Costa Rica su informe de Derechos Humanos 2021-2022 titulado «Nicaragua: entre represión y resistencia ciudadana», en el cual detalla las violaciones que se acrecentaron a partir de las protestas antigubernamentales del 2018.
«El régimen dictatorial consolidó el Estado policial de facto mediante un terrorismos de Estado, un aparato represivo altamente eficaz y la sumisión total de todos los poderes. En Nicaragua no existe el Estado de derecho», declaró Juan Carlos Arce, uno de los miembros del colectivo.
Según el informe, el Gobierno de Ortega ha disuelto más de 600 organizaciones no gubernamentales y además ha llevado adelante acciones como actos confiscatorios para apropiarse de cuentas y bienes tras acusar a organizaciones de lavado, terrorismo y de desestabilizar.
Sistema represivo
«La verdadera intención es eliminar cualquier forma de disidencia desde la raíz», expresó Arce.
De acuerdo con el informe, la prensa ha sido otro de los blancos de la represión al punto de que en Nicaragua ya no existen periódicos impresos, 23 medios han sido cerrados o allanados por las autoridades y al menos 120 periodistas han tenido que exiliarse.
«Hay una criminalización masiva contra periodistas. Primero hubo una etapa de intimidación judicial y después una segunda etapa de privación de libertad de periodistas independientes», dijo Wendy Quintero, comunicadora y miembro del colectivo.
El informe también da cuenta de mil 520 agresiones contra periodistas y de la impunidad en que se encuentra el asesinato del comunicador Ángel Gahona tras 4 años de los hechos.
En cuanto a presos políticos, el colectivo contabiliza 180, quienes han sufrido 35 formas de «torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes», lo que considera «crímenes de lesa humanidad».
Blanco constante de persecución
El informe también señala que las mujeres, los defensores de los derechos humanos, los campesinos, los artistas, los líderes religiosos, los indígenas y los afrodescendientes son blanco constante de persecución y represión de las autoridades nicaragüenses.
«El objetivo es acallar las voces que refutan la narrativa oficial, que demandamos justicia y que representamos un obstáculo para la consolidación del sistema político y económico del régimen», expresó Quintero.
El informe también alerta de un desplazamiento forzado de nicaragüenses que no se había visto antes, ni siquiera en tiempos de guerra.
La investigación indica que alrededor de 200 mil nicaragüenses han huido de la represión a Costa Rica durante la crisis surgida de las protestas de 2018 y que se consolidó con la reelección de Ortega en noviembre pasado. Además, 142 mil nicaragüenses han sido interceptados tratando de ingresar a Estados Unidos.
En cuanto a los nicaragüenses que huyeron a la vecina Costa Rica, la mayoría tienen dificultades para acceder a los servicios públicos de salud y educación, así como para obtener empleos dignos, señala el informe.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
Dicha crisis sociopolítica, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado al menos 355 muertos, aunque otros organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
