Un reporte elaborado por dos organizaciones y difundido este jueves refleja que, después de casi un año de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en Cuba, 701 personas siguen detenidas en cárceles de la isla.
El reporte «Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J», hecho por las oenegés Cubalex y Justicia 11J, refleja que en total quedaron arrestadas mil 484 personas, de las que 701, con edades comprendidas entre los 12 y 68 años, aún permanecen entre rejas.
De igual manera, hasta la fecha han resultado procesadas un total de 622 personas, de las cuales las organizaciones han podido confirmar 584 sentencias, según consta en el reporte.
En su informe, las ONG alertaron de la detención de 57 personas menores de edad, de las cuales cinco continúan privadas de la libertad. La edad mínima penal en la isla es de 16 años.
Según los datos de las organizaciones, 27 personas de entre 16 y 18 años han recibido algún tipo de sanción por su participación en las movilizaciones. Las penas van desde los cinco años de trabajo correccional con o sin internamiento hasta los 19 años de cárcel, mientras que solo uno quedó absuelto.
Entre los cargos más comunes que ha presentado la Fiscalía contra los manifestantes están: desórdenes públicos (626), desacato (369), atentado (345), sedición (169) e instigación a delinquir (119).
El informe además da cuenta de al menos 36 personas detenidas que padecen enfermedades crónicas (epilepsia, cáncer, hipertensión, entre otras), discapacidad física o mental, o que reciben tratamientos psiquiátricos. De ellas, 26 han sido juzgadas y sentenciadas con penas de hasta 22 años de privación de la libertad.
Perfil de los detenidos
Cubalex y Justicia 11J han logrado, a través de sus cifras, mostrar un perfil de la mayoría de los enjuiciados y de esta forma se refleja que el grueso de los detenidos por las movilizaciones (93 %) «no pertenece a ninguna organización política».
Además, «mil 259 se reconocen como hombres (85%) y 218 como mujeres (14,6%)» mientras que el rango de edad más común es de «entre 21 y 35 años, 556 (37%), y entre 36 y 75 años, 356 (24%)».
Durante la presentación del informe, realizado de manera telemática, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, señaló que el texto «rescata los patrones que durante muchos años las organizaciones de derechos humanos hemos documentado».
De la misma forma, Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW), destacó que el informe es el «trabajo más exhaustivo» que se ha hecho sobre las detenciones tras el 11J.
«Esto tiene que ser una alerta a la comunidad internacional sobre las graves violaciones de los derechos humanos (en Cuba)», sentenció.
Disidencia castigada
Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, aludió en declaraciones a EFE el nuevo código penal cubano que incrementa las penas y sanciones para quienes «ejerzan su derecho al disenso», además de criminalizar las expresiones de protesta publicadas en internet, para lo que el Estado cubano cuenta con «mecanismos de seguimiento».
A su turno, Alessandra Pinna, directora de programas de América Latina y el Caribe de la organización Freedom House, dijo a EFE que tras las marchas de hace un año ahora en la isla hay «un esquema de represión generalizada» y muchos activistas han terminado detenidos o han debido exiliarse.
«El costo político es cero», se lamentó la directiva de Freedom House, al recordar que Cuba actualmente es uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la vez que la comunidad internacional no ha respondido con la misma magnitud que cuando se trata de Venezuela o Nicaragua.
Comunicados de la Fiscalía
El pasado 13 de junio, la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó que los tribunales han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por el 11J. El 78% de los sancionados (297) obtuvo penas de hasta 25 años de prisión.
La FGR aseguró en enero que se han procesado 790 personas, de las cuales 55 tienen entre 16 y 17 años.
Familiares de los condenados y ONG han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. AI solicitó poder asistir a los procesos.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Cuba asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas. EFE
